La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha avanzado que se reunirá este miércoles con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para instarle a que presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la subida del Impuesto de Patrimonio aprobada en los Presupuestos de 2021, ya que el "distorsionante y confiscatorio" alza del tipo al 3,5% "penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico".
En concreto, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, junto el vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, y el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, se reunirán este miércoles con el Defensor del Pueblo para instarle a que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, en el que se eleva el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio del 2,5% al 3,5%, y se otorga carácter indefinido al tributo.
En dicha reunión, se hará entrega de un escrito al Defensor del Pueblo que ha sido suscrito por los presidentes de todas las organizaciones territoriales de ámbito autonómico de CEOE y avalado por la junta directiva de la Confederación.
"Desde CEOE se viene reclamando un debate en profundidad sobre el sistema fiscal español con la finalidad de que sirva para incentivar el desarrollo económico a través de una fiscalidad competitiva para las empresas españolas y para las familias", ha indicado la patronal en un comunicado.
Esto es, añade, para lograr que el sistema impositivo sea "una palanca para la creación de riqueza, de empleo y, en consecuencia, para la generación de mayores ingresos públicos".
Sin embargo, CEOE critica que "lejos de este enfoque", en el actual entorno de tipos de interés cero o negativos, rendimientos patrimoniales reales moderados o de pérdidas significativas provocadas por la crisis del Covid-19, un tipo marginal máximo del Impuesto sobre el Patrimonio, que "no existe en ningún otro país de la UE", del 3,5% es "distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional".
En este sentido, CEOE señala que, según la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así se entiende cuando un impuesto "somete a tributación manifestaciones irreales, ficticias o inexistentes de capacidad económica o bien cuando con su gravamen agota la riqueza imponible, es decir, hace falta liquidar la riqueza para pagar el impuesto".
"EN MUCHOS CASOS EL CONTRIBUYENTE TENDRÁ QUE LIQUIDAR PATRIMONIO"
Y es que, según la patronal, en "muchos casos" el contribuyente tendrá que liquidar su patrimonio --incluso a un valor de mercado inferior al tasado a efectos tributarios-- para poder pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, de acuerdo con el artículo de la Ley de PGE que se pretende recurrir.
Además, sostiene que en el momento actual el rendimiento que generará un patrimonio sujeto está "razonablemente por debajo" del tipo impositivo, debiendo añadirse, además, que cualquier rendimiento de este patrimonio ya habrá tributado previamente por IRPF.
Por ello, considera que en este caso existe un "supuesto de inconstitucionalidad que penaliza el ahorro, la inversión, la productividad y el crecimiento económico".
"Es por eso por lo que las organizaciones empresariales de toda España pedimos amparo del Defensor del Pueblo en el marco de las actuaciones que tiene esta importante figura como encargado de defender nuestros derechos, velando, en este caso en particular, por la justicia del sistema tributario", han añadido desde la patronal.
