Ultimátum de Bruselas a España por la trasposición de la directiva sobre blanqueo de capitales. La Comisión Europea amenaza con llevar al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) si sigue sin adoptar todas las normas que contiene la cuarta directiva sobre esta materia, si bien le da un plazo de dos meses.
Bruselas también ha lanzado la misma amenaza a Letonia y Malta, en forma de dictamen motivado, lo que supone el segundo paso en los procedimientos de infracción y el último antes de elevar el caso a la Justicia europea.
"Hasta el momento, España sólo ha traspuesto parcialmente la normativa y la Comisión considera incompleta la transposición por parte de Letonia y Malta", ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado en el que ha recordado que los Estados miembros tenían la obligación de aprobar las disposiciones de la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales antes del 26 de junio de 2017.
La Comisión Europea ha destacado que esta normativa es "crucial" para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. "Las lagunas en un Estado miembro repercuten en los demás, por eso la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales es uno de los puntos centrales del planteamiento de la UE para combatir el crimen en Europa", ha remarcado.
Bruselas mantiene abiertos expedientes contra veinte Estados miembros con respecto a fallos en la aplicación de esta directiva. Tres de ellos se encuentran ya ante la Justicia europea, mientras que se han enviado dictámenes motivados a nueve países y cartas de emplazamiento (el primer paso) a otros ocho.
Además, las instituciones comunitarias adoptaron hace poco la quinta directiva contra el blanqueo de capitales, que entró en vigor el 9 de junio. Los Estados miembros tienen hasta el 10 de enero de 2020 para trasponer esta nueva normativa a sus legislaciones nacionales.
MAYOR VIGILANCIA
Por el momento, España se encuentra tramitando el anteproyecto de ley de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que sometió a consulta pública el pasado mes de diciembre. El borrador de esta norma contempla, entre otras medidas, un aumento de la vigilancia para los ciudadanos españoles con responsabilidad pública.
Actualmente, las personas con responsabilidad pública extranjeras son sometidas a un seguimiento especial por parte de las entidades financieras, mientras que respecto a las nacionales se establece un enfoque caso por caso, dependiendo del producto que se contrate.
Con la nueva norma, que es una transposición parcial de la directiva europea sobre el mismo tema, se unificará el criterio para extranjeros y nacionales con responsabilidad pública, de forma que todas estas personas pasarán a considerarse como de alto riesgo.
