La Comisión Europea ha planteado un ultimátum a España por dificultar a los ciudadanos el pago de impuestos a través de domiciliaciones bancarias desde cuentas en entidades establecidas fuera del país, una práctica contraria a la legislación comunitaria sobre requisitos técnicos y empresariales para transferencias en euros.
La Comisión Europea argumenta que el diseño de la normativa española impide que los ciudadanos y empresas de fuera del país paguen impuestos y es contrario a la normativa europea.
La legislación española sobre impuestos establece que los bancos debe ser catalogados como "entidades colaboradoras" por las autoridades españolas para efectuar estos pagos, por lo que en la práctica es muy difícil para un proveedor extranjero obtener esta autorización, según ha valorado la Comisión Europea.
El ultimátum a través de un dictamen motivado es la segunda etapa de los procedimientos europeos de infracción. España dispone ahora de dos meses para responder a Bruselas, que podría en última instancia, llevar el asunto a la Justicia europea si las autoridades españolas no corrigen la situación.
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