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El 34% de los compradores cree que la prohibición del Gobierno de actualización máxima al 2% a los alquileres afectará a su inversión, según una encuesta realizada por el portal inmobiliario Idealista que señala, no obstante, que se mantiene el interés por la inversión en vivienda y el 88% de los encuestados sigue apostando por esta vía.

Según esta misma consulta, el 25% cree que esta nueva medida del Gobierno no debería afectar a sus planes de inversión, mientras que el 41% no tiene aún claro si podría llegar a afectarle.

Aun así, sigue el interés por la inversión en vivienda y el 88% de los encuestados apuesta por esta vía, mientras que el 12% ha decidido abandonar el proceso ante el cambio de circunstancias.

Entre los motivos que esgrimen las personas que mantienen su inversión, el 35% especifica que está buscando seguridad de cara a su futura jubilación y el 32% lo hace para aumentar los ingresos actuales de su unidad familiar. El 26% de los encuestados busca cubrirse frente a la inflación y el 23% busca obtener una segunda vivienda "que se pague sola".

La inversión en vivienda para ponerla en el mercado del alquiler es la principal opción (el 58%), seguida de la compra para poner la vivienda en el mercado vacacional (17%) y la compra para reformarla y ponerla otra vez en venta (8%).

La norma aprobada por el Consejo de Ministros contempla que la actualización de las rentas por alquiler tengan una revalorización máxima del 2% si se trata de grandes propietarios y permite libertad de pactos en el resto de propietarios. Aún así, en caso de no llegar a un acuerdo entre ambas partes, la subida máxima será también del 2%, lo que implica de facto que la aplicación de esta medida será para todo el parque inmobiliario en alquiler.

"El Gobierno ha vuelto a cargar sobre los propietarios particulares lo que es responsabilidad de la Administración y obliga a que no se cumpla la cláusula de actualización de los contratos de alquiler", señala el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, que añade que "la medida supone un nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido y que en muchos casos provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone. El efecto que puede lograr puede ser justo el inverso al deseado".

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