Estados Unidos sigue tratando de impulsar un impuesto del 30% a los mineros de criptomonedas. Según ha argumentado el Consejo de Asesores Económicos (CEA, por sus siglas en inglés), el impuesto especial sobre la Energía de la Minería de Activos Digitales (DAME, por sus siglas en inglés) “anima a las empresas a empezar a tener más en cuenta los daños que imponen a la sociedad”.
“En la actualidad, las empresas de criptominería no tienen que pagar por el coste total que imponen a los demás, en forma de contaminación medioambiental local, mayores precios de la energía y los impactos del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima”, han subrayado desde el CEA.
Si bien otras industrias de alto consumo energético no tendrían que pagar un impuesto similar, el CEA ha argumentado que “la minería de criptomonedas no genera los beneficios económicos locales y nacionales que suelen asociarse a las empresas que utilizan cantidades similares de electricidad”.
Asimismo, el Consejo ha destacado que el elevado consumo de energía de las criptomineras tiene “efectos indirectos negativos” en el medio ambiente, la calidad de vida y las redes eléctricas donde se ubican estas empresas. “La contaminación derivada de la generación de electricidad recae de manera desproporcionada en los barrios de bajos ingresos y en las comunidades de color. El consumo intensivo y a menudo volátil de energía de las criptomineras también puede hacer subir los precios de la electricidad para los consumidores y puede aumentar los riesgos para las redes eléctricas locales, descargando los equipos, provocando interrupciones del servicio y peligros para la seguridad”, han añadido.
Today the CEA released a blog highlighting a new tax in the President’s budget, the Digital Asset Mining Excise Tax (“DAME Tax”), a tax equal to 30 percent of the cost of the electricity cryptominers use once fully phased in. 1/ https://t.co/944x0wVVB5
— Council of Economic Advisers (@WhiteHouseCEA) May 2, 2023
Asimismo, el CEA ha subrayado que, “debido a que la minería de criptomonedas es geográficamente móvil” y la estabilidad del modelo de negocio sigue sin estar clara, los servicios públicos locales también “se enfrentan a riesgos financieros si invierten en mejorar la capacidad que puede no ser necesaria si la actividad minera cesa o se aleja”.
“Aunque la posibilidad de que la minería de criptomonedas se traslade al extranjero, por ejemplo, a zonas con una producción de energía más sucia, es motivo de preocupación, otros países también se están moviendo cada vez más para restringir la minería de criptoactivos. China prohibió por completo esta actividad en 2021, al igual que otros ocho países; tres provincias canadienses también han anunciado o promulgado moratorias a la minería de criptomonedas. Del mismo modo, algunos estados y localidades de Estados Unidos ahora están cobrando precios más altos de electricidad por esta actividad o restringiéndola”, han recordado.
En este sentido, el Consejo también ha indicado que, para garantizar que la minería de criptomonedas no se desplace simplemente de una comunidad a otra, se necesita una política nacional. Asimismo, han reconocido que el impuesto DAME “no es una panacea”, sino un “ejemplo de los esfuerzos de la Administración para luchar contra el cambio climático, reducir los precios de la energía y aumentar el acceso a opciones electrificadas para todos los estadounidenses”.
La Administración Biden propuso por primera vez el impuesto especial en un documento publicado el 9 de marzo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según estos expertos, el impuesto podría recaudar hasta 3.500 millones de dólares en los próximos 10 años.
