VITORIA, 18 (EUROPA PRESS)
La Asociación vasca de víctimas del amianto-Asviamie ha informado este viernes de que un juzgado de Vitoria ha reconocido como enfermedad profesional un mesotelioma pleural que padecía un trabajador de Cablenor fallecido por exposición al amianto.
En un comunicado, Asviamie ha informado de que el juez ha estimado el recurso presentado por la viuda de este trabajador que falleció en mayo de 2017 a consecuencia de un mesotelioma pleural, diagnosticado en agosto de 2016.
Según la asociación, la sentencia declara que la enfermedad y muerte del operario y la pensión de viudedad derivan de enfermedad profesional, rechazando de esta forma la argumentación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y le condena al pago de las prestaciones, con efectos retroactivos desde el 1 de junio de 2017.
La asociación ha informado de que el operario trabajó desde el año 1966 a 1997 en la empresa Echevarria Cablerias del Norte (Cablenor), situada en la Avenida de los Olmos de Vitoria, realizando durante 20 años tareas de mantenimiento y posteriormente ocho años en Producción.
Las tareas mantenimiento incluían tareas de albañilería, reparación de los tejados de uralita --que incluía corte, taladro y manejo de las planchas-- de bajantes y chimeneas, así como el mantenimiento del hogar de las calderas, utilizando ladrillos de amianto.
Asviamie ha destacado que la empresa "no le informó de la peligrosidad del amianto, ni le proporcionó protección alguna de las vías respiratorias". El trabajador quedó incapacitado desde el año 2002 por insuficiencia respiratoria y otras lesiones.
La Asociación vasca de víctimas del amianto ha mostrado su "satisfacción" por la sentencia ya que "desbarata, una vez más, la actitud prevaricadora del director del INSS Álava, empeñados en ocultar y negar las enfermedades profesionales y del amianto en particular".
En este sentido, ha criticado que el INSS Álava "obliga a las víctimas a optar por el recurso judicial para defender sus prestaciones económicas que legalmente les corresponde" y ha calificado esta práctica de "ilegal e inhumana".
Por ello, ha reclamado a la Fiscalía "una acción contundente contra dichas prácticas, que solo buscan obstaculizar el cumplimiento de la legislación, golpeando a los más débiles, es decir a las víctimas causadas por los incumplimientos empresariales de las normas de seguridad e higiene vigentes".