• La Audiencia Provincial de Madrid adoptará por tanto una decisión definitiva sobre el caso
  • La juez mantiene en su auto que existen indicios de un "borrado a conciencia"
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La juez de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha desestimado los recursos de reforma presentados por la Fiscalía, el Partido Popular y el que fuera informático de la formación José Manuel Moreno contra su decisión de procesar a éste, a la tesorera de la formación Carmen Navarro, al abogado Alberto Durán y al propio partido como persona jurídica por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede de la calle Génova de Madrid.

La juez confirma sus acusaciones en un auto dado a conocer este martes en el que acepta, no obstante, tramitar el recurso de apelación que de forma subsidiaria que presentó el Ministerio Público a fin de que sea finalmente la Audiencia Provincial de Madrid la que adopte una decisión definitiva sobre el caso.

La instructora rechaza los argumentos tanto del fiscal como del propio PP, que entendían que de la investigación de este asunto no se deducen pruebas de la comisión de los delitos de daños informáticos y encubrimiento por parte del partido o sus representantes, por lo que la causa debía ser archivada.

INDICIOS DE UN "BORRADO A CONCIENCIA"

"Todos los investigados eran conocedores de primera mano de las investigaciones que se estaban llevando a cabo", cree la juez

"Existen indicios de un borrado a conciencia con ánimo de destruir, no sólo los archivos existentes, sino cualquiera otras informaciones que hubieran existido previamente en los discos duros. Todos los investigados eran conocedores de primera mano de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en la Audiencia Nacional sobre la contabilidad paralela del Partido Popular y sobre su financiación ilegal”, asegura la magistrada en su auto.

Tras analizar los recursos de reforma y los escritos de las acusaciones populares -que ejercen IU y Observatori de Drets Humans (DESC)- oponiéndose al archivo, la juez Freire señala que no aportan ninguna novedad respecto de los argumentos que ya utilizaron tanto la Fiscalía como el PP antes de que ella firmara el auto de procesamiento. Advierte que el procesamiento "constituye solamente un juicio de probabilidad, una inculpación indiciaria que pone fin a la fase instructora".

También rechaza las alegaciones del fiscal que señalan que no se ha acreditado que los discos duros de los ordenadores de Bárcenas contuviesen archivo alguno y que el testimonio del exconsejero sobre este asunto no es creíble. A todo ello, la juez Freire responde que no le corresponde averiguar estos extremos sino simplemente si en esta fase procesal concurrían en el testigo motivos espurios o "incredibilidad subjetiva", aspectos que ella no aprecia por el momento.

EL PP TUVO QUE ENTREGAR LOS ORDENADORES

La juez se pregunta dónde podría estar la información relativa a esta contabilidad y se responde, seguidamente, "pues en manos del que había sido el encargado de sus cuentas durante los periodos investigados, es decir, el señor Bárcenas (...)". Añade que si los ordenadores que el extesorero usaba estaban en manos del PP, este partido "debió de ponerlos a disposición del juez o almenos hacerle saber su existencia".

"No solo no lo hizo, omitiendo mencionarlos, sino que procedió a la destrucción de los dispositivos donde se almacenaba la misma", añade la juez Freire, que añade que estos son los indicios que sostienen el caso.

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