El secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, deberá declarar como imputado por prevaricación el 10 de septiembre por la instalación ilegal de una piscina en su vivienda en el pueblo malagueño de Rincón de la Victoria.
Según El Confidencial, el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha admitido a trámite la querella contra Conejo, número tres del PSOE andaluz y mano derecha de la presidenta regional, Susana Díaz, por inducción a la prevaricación al apreciar una posible "infracción penal". Tras esta decisión, el siguiente paso es la imputación de Conejo.
Conejo, que actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Málaga, pidió una licencia en 2007 para instalar una piscina prefabricada en Rincón de la Victoria. “Es clamoroso y patente que en 2008, a pesar de ser obligación legal la necesidad de proyecto técnico, certificado de instalaciones y final de obra, el señor Conejo realiza las obras de su piscina sin licencia por lo que estaríamos ante una presunta prevaricación administrativa”, indica la querella.
Conejo se ahorró los 7.000 euros que hubiera costado el proyecto técnico y los certificados necesarios
El número tres de Díaz, candidato a presidir la Diputación Provincial de Málaga, se ahorró los 7.000 euros que hubiera costado el proyecto técnico y los certificados necesarios en esa fecha. La querella aporta una imagen que demuestra que la piscina ya estaba terminada en 2008.
LICENCIA EN TIEMPO RÉCORD
En aquel momento, Conejo era secretario de Organización del PSOE de Málaga. En julio de 2009, organizó una fiesta a la que invitó a cargos y empleados del partido. Esta celebración se produjo un mes antes de conseguir la licencia por parte de su subordinada en el PSOE, Encarnación Anaya, que entonces era alcaldesa de Rincón de la Victoria.
“En un tiempo récord y sin presentar ningún tipo de proyecto ni nada que se le parezca, el denunciado consigue licencia para su piscina con el correspondiente ahorro en la redacción de la documentación necesaria para beneficiarse del otorgamiento de la autorización municipal”, denuncia la querella.
El concejal, que también ha sido enunciado por tráfico de influencias, reconoció que se empleó una excavadora en su parcela para abrir el agujero que necesitaba la instalación de la piscina prefabricada, que costó 10.000 euros. "El promotor me autorizó a hacer las obras de una manera verbal y las máquinas tuvieron que entrar en la casa de al lado para hacer las obras", ha explicado Conejo a El Confidencial.
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