Enagás inicia el proceso para llevar a Perú a un arbitraje internacional

Así se lo ha comunicado la compañía dirigida por Antonio Llardén a Perú, a través de su Ministerio de Energía y Minas y del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas.

Enagás pretende que la Administración peruana reconozca su derecho a recuperar la inversión realizada en el proyecto GSP. Así, la empresa española argumenta que, tras terminar el contrato de concesión del proyecto del Gasoducto del Sur Peruano, el contrato establece que "el concedente" (el Estado peruano) debe "subastar la concesión en el plazo de un año desde su terminación".

Enagás ha decidido "poner en marcha los medios que el derecho pone a su disposición para recuperar su inversión"

Dicho plazo acaba el próximo 24 de enero, tal y como recuerda la compañía en su comunicado de este martes. Y con la suma de dinero que obtuviera Perú en la subasta, debería abonar a Enagás ("el concesionario") "hasta un máximo del Valor Neto Contable de los Bienes de la Concesión (VCN)", es decir, la inversión realizada. "En todo caso como mínimo el 72,25%", remarca la compañía y añade más tarde que "la Administración Peruana no ha avanzado lo suficiente en los trámites necesarios para calcular el VCN".

En consecuencia, ha decidido "poner en marcha los medios que el derecho pone a su disposición para recuperar su inversión", además de para defender de la mejor manera posible "sus intereses y la de sus accionistas", afirma.

"Enagás confía en poder llegar a un arreglo amistoso y se compromete a ejercer sus mejores esfuerzos para tal fin esperando el mismo compromiso del Estado Peruano", señala finalmente.

PAGO DE GARANTÍAS

En sus resultados del primer semestre, Enagás afrontó un pago de 213 millones de euros en concepto de ejecución de garantías aportadas en el proyecto de GSP. Y es que Enagás compartía el accionariado del proyecto junto a la peruana Montero y Graña (20%) y a la constructora Odebrecht (55%), quien poco después se vería inmersa en un macroescándalo de corrupción. Eso sí, la propia compañía descarta que los procedimientos judiciales abiertos vayan a tener impacto en sus cuentas y no ha realizado provisiones por este asunto.

El escándalo de Odebrecht dificultó que el consorcio consiguiera la financiación necesaria para el proyecto, por lo que Enagás anunció que el cierre financiero del proyecto no se producirá antes de la fecha prevista del 23 de enero de este año. Por tanto, se daría por terminada la concesión.

Entonces, Enagás señalaba que los términos del contrato de concesión establecían que, si esta terminaba, la compañía recuperaría la inversión realizada en el proyecto en un plazo máximo de tres años.