• España admite así que volvería a incumplir las metas en 2016
  • A cambio habrá ajustes en las autonomías y un objetivo de déficit más realista, situado en torno al 3.7% del PIB
  • También preocupan las pensiones, las cotizaciones sociales son insuficientes para mantenerlas
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El Gobierno en funciones quiere cerrar un acuerdo con Bruselas sobre el déficit, reclaman un año adicional a cambio de recortes autonómicos y un objetivo de déficit más realista, situado en torno al 3.7% del PIB y reducirlo del 3% en 2017.

Tal y como informa El País, ante los continuos incumplimientos, Madrid es consciente de que Bruselas estrechará la tutela sobre España: el próximo Gobierno deberá acometer un exigente plan de ajuste y presentar un informe trimestral.

El Ejecutivo en funciones plantea incluir en el Programa de Estabilidad una ampliación de un año para reducir el déficit público

El Ejecutivo en funciones plantea incluir en el Programa de Estabilidad, que debe enviar a Bruselas antes del 30 de abril, una ampliación de un año en el plazo para reducir el déficit público. España admite así que volvería a incumplir las metas en 2016, por ello negocian ese año extra. De aceptárselo, el objetivo de déficit de 2016 estaría en el entorno del 3,7% del PIB, en lugar del 2,8% actual.

Una de las condiciones impuestas por la Comisión para este propósito es que las administracionales, que fueron las que más se desviaron en 2015, reduzcan su gasto. Por ello, tras recibir una "recomendación autónoma" de Bruselas y como moneda de cambio para obtener más plazo, el Gobierno ha amenazado a las autonomías con intervenirlas si no congelan el gasto, lo que ha provocado una oleada de críticas de los presidentes autonómicos.

A cambio habrá ajustes en las autonomías y un objetivo de déficit más realista, situado en torno al 3.7% del PIB

El Ejecutivo tiene ya sobre la mesa una recomendación autónoma de Bruselas y ha empezado a aplicar medidas correctivas. Presentará a la Comisión un ajuste de entre el 0,5% y el 0,7% del PIB por el flanco autonómico, lo que supone entre 5.000 y 7.000 millones de euros.

Sin embargo, también hay otros problemas que atender. La Autoridad Fiscal Independiente o el Banco de España están preocupados por la evolución del agujero de las pensiones. Las cotizaciones sociales, con una alta tasa de paro y más precariedad, son insuficientes para costear las pensiones, que crecen cada año. En la próxima legislatura, gobierne quien gobierne, deberá hacer frente a un ajunte en la Seguridad Social.

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