- También es superior a la propia estimación del 4,5% que realizó la Comisión Europea
- Se estima que cerró en el 4,8% del PIB, unos 50.000 millones de euros
El déficit público de 2015 cerró en el entorno del 5% del PIB, unos 56.000 millones de euros, muy por encima del objetivo del 4,2% pactado con Bruselas y también superior a la propia estimación del 4,5% que realizó la Comisión Europea a finales del pasado año pasado.
El desvío se debe principalmente al mayor déficit de la Seguridad Social como de las comunidades autónomas, que se verán obligadas a adoptar medidas de ajuste como ya pidió Bruselas a España. La intención del Gobierno es elevar el control y los grados de coerción para que se cumpla con la Ley de Estabilidad y la regla de gasto.
Dentro de este desvío en las previsiones de déficit de las comunidades, el Gobierno ha incluido el gasto añadido para pagar los tratamientos de hepatitis C que se acordaron a lo largo del pasado ejercicio con el Ministerio de Sanidad y que se eleva a 1.090 millones de euros. Además, se incluyen otros más de 1.500 millones que afloraron en Cataluña de la construcción de una prisión y otros 200 millones de un tranvía en Aragón.
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En los últimos datos proporcionados por el Gobierno hasta noviembre, el déficit de las autonomías se situaba en el 1,31% del PIB, es decir, que casi duplicaba el objetivo del 0,7% previsto para 2015.
En los últimos datos proporcionados por el Gobierno hasta noviembre, el déficit de las autonomías se situaba en el 1,31% del PIB
Las más incumplidoras eran, a falta de un mes para terminar el año: Cataluña, Murcia, Valencia, Extremadura y Aragón. Aunque tampoco ajustaron sus gastos a ese 0,7% otras como Andalucía, Castilla La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Rioja y Cantabria.
MÁS CONTROL Y MEDIDAS COERCITIVAS
Por ello, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, además de aprobar el cierre del déficit de 2015, abordará hoy las medidas de ajuste reclamadas por Bruselas que deberán aplicar las autonomías. Las fuentes consultadas explican que no se trata de un plan de recortes, sino de "eficiencia" en el gasto y teniendo en cuenta que se aplicará en un entorno de aumento de los ingresos por el crecimiento económico. A lo que se sumará el hecho de que las CC.AA. se repartirán más de 7.000 millones del excedente de ingresos de la liquidación del ejercicio 2014.
En este sentido, explican que se aumentarán los grados de control a las comunidades, exigiéndoles un "paso más" en la transparencia de los datos de sus cuentas y a la vez se aplicarán medidas coercitivas que hasta ahora no se habían llevado a la práctica, pero que están recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en la Regla de Gasto. Es decir, que se trata de establecer nuevas condicionalidades en los pagos que realice la Administración Central a las autonomías.
El Ejecutivo tiene en cuenta también que el pasado ejercicio hubo elecciones autonómicas y tras el cambio en los gobiernos de muchas CC.AA., algunas de éstas no han podido aprobar aún sus presupuestos y otras lo han hecho con retraso.
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