El sindicato USCA considera el acuerdo "una liberación" tras ocho años litigando en los tribunales
PALMA DE MALLORCA/MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Los 83 controladores de Baleares acusados por el caos aéreo de 2010 han realizado esta mañana el último pago de las indemnizaciones a los perjudicados y la mayoría se adherirá a un pacto con la Fiscalía por el que reconocerán un delito de abandono de funciones públicas y asumirán una multa para evitar ir a juicio.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del sindicato de controladores aéreos USCA, que estima que cerca de 80 de los controladores procesados suscribirán el acuerdo. Además, los acusados pedirán que se aprecien las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de resarcimiento del daño, lo que podría rebajar la cuantía de la multa.
En febrero, el sindicato de controladores aéreos USCA alcanzó un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid por el que se comprometía a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización a los pasajeros afectados por el caos aéreo de diciembre de 2010, una medida condicionada a la aceptación del mismo en Palma de Mallorca.
"Los perjudicados personados en la causa ya comenzaron a percibir sus indemnizaciones, unos 1.000 euros más los gastos en que hubieran incurrido por el perjuicio causado", según explicaron desde el sindicato USCA.
El acuerdo requiere, una vez que los pasajeros reciban tales cantidades, la retirada de la denuncia por parte de todas las acusaciones particulares ya que, en caso contrario, el caso continuaría su curso hasta llegar a juicio.
AFECTÓ A UNOS 7.000 PASAJEROS Y A 5.000 VUELOS.
El caos aéreo de diciembre de 2010 afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España. Actualmente, solo quedan pendientes de resolución las causas abiertas contra los controladores en Madrid y Barcelona, de las 20 que se abrieron en diferentes juzgados de toda España ya archivados y exculpatorios para los controladores.
Desde USCA, sindicato al que pertenecen los 216 controladores que se enfrentan a las dos causas pendientes (133 en Madrid y 83 en Palma), se asegura que este acuerdo supone "una liberación" pues pone fin a un conflicto que dura ocho años.
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