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Vecinos realizan una cola para recoger bolsas de la Asociación de Vecinos Parque Aluche donde los voluntarios han entregado alimentos y productos donadosRicardo Rubio - Europa Press

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La campaña #RegularizaciónYa, que reclama la regularización de migrantes en situación irregular ante la pandemia del coronavirus y a la que se han sumado unas 1.100 ONG, ha denunciado que el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno "deja atrás" a la mayoría las personas 'sin papeles', que además son las "más vulnerables, las más olvidadas y las más precarizadas" del territorio español.

La portavoz de la campaña, Edith Espínola, ha lamentado que esta ayuda, aprobada este viernes en el Consejo de Ministros, nazca "olvidándose" de más de 600.000 personas indocumentadas que están en España. "Lo que crean es un sistema con más precariedad; son personas que ya están de por sí al margen y que sufren mucho las consecuencias de la crisis y que en los meses venideros serán las más precarizadas, olvidadas y sin apoyo", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

"No sabemos a qué le tiene miedo el Gobierno, pero se olvida de una población que ha estado trabajando en la pandemia, pese a las dificultades y a la falta de protección", ha incidido, en referencia a los jornaleros 'sin papeles' que trabajan en el campo y a las empleadas del hogar y de cuidados. Así, según ha incidido, el lema de 'no dejar a nadie atrás' que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos "abandera" es, a su juicio, únicamente "un eslogan y una propaganda".

Podrán optar al Ingreso Mínimo Vital aquellos migrantes que lleven al menos un año residiendo en España, por lo que no se contemplan como beneficiarios del ingreso mínimo los que estén en situación irregular. Sí hay algunas excepciones: los solicitantes de asilo, las víctimas de trata o violencia de género extranjeras que, bajo unos requisitos establecidos, sí podrán beneficiarse de esta ayuda.

EXCLUIDAS MUCHAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 'SIN PAPELES'

Al respecto, Edith ha denunciado que "solo algunas" víctimas extranjeras de violencia de género podrán beneficiarse de esta ayuda, ya que deben acreditarlo con la orden de protección o, en casos excepcionales, con el informe del Ministerio Fiscal.

Así, ha reprochado al Ejecutivo que "no haya tenido la delicadeza" ni "la visión de género" al no entender que la mayoría de las mujeres víctimas de la violencia machista "no van ni a poner una denuncia por el miedo de estar en situación irregular" y se les incoe un expediente de expulsión.

Desde la Campaña creen que el Ministerio del Interior "está presionando muchísimo" para no aplicar medidas previstas en la Ley de Extranjería, como la regularización de personas en el territorio por circunstancias excepcionales. "No lo quieren hacer y ponen excusas rebatibles desde la posición legal", ha defendido.

Con todo, desde la campaña #regularizaciónYA, reclaman la inclusión de los migrantes en situación irregular como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, un colectivo que sitúan entre 600.000 y 800.000 personas. El cálculo, que no es oficial, resulta de la diferencia existente entre estadísticas oficiales, como el Padrón Municipal y los datos sobre extranjeros con permiso de residencia arrojados por el Observatorio de la Inmigración, según han precisando a Europa Press desde la campaña.

Además de esta iniciativa, CEAR impulsó una petición para pedir esa regularización y extraordinaria urgente, que ha sido apoyada por más de 200 organizaciones --el SJM entre ellas-- y por 40.000 personas.

Asimismo, varios grupos parlamentarios como ERC o Podemos, socio de Gobierno, han hecho esta petición al Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo lleva un tiempo eludiendo este asunto y está tomando medidas de apoyo para el colectivo migrante, pero en concreto para quienes están en situación regular en España.

Entre otras cosas, ha decidido prorrogar durante seis meses de forma automática las autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros que venzan durante el Estado de Alarma y ha aprobado la concesión de una autorización de trabajo y residencia de dos años de duración, renovable por otros dos, para los jóvenes migrantes que recientemente se han incorporado a los trabajos de recogida del campo.

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