MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo tramitó 24.750 quejas de los ciudadanos en 2017, un 50,1% más que en 2016, cuando fueron 16.485; gestionó más de 25.550 expedientes, superó las 750 actuaciones de oficio y remitió 2.175 resoluciones a las distintas administraciones del Estado.
La institución está dirigida en funciones por Francisco Fernández Marugán, que tras ser el adjunto Primero sustituyó a Soledad Becerril cuando en el mes de julio acabó su mandato tras cinco años en el cargo y renunció a una posible renovación. La ex diputada del PP fue la quinta Defensora del Pueblo de la Democracia española y la primera mujer en ocupar este puesto.
En ese ejercicio, se publicaron además el Informe Anual de 2016, el Informe Anual del MNP 2016, una guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas en centros de privación de libertad y dos estudios monográficos sobre protección de consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica y sobre la situación de las personas celiacas.
MEJORAS EN LOS CIE
En cuanto a los asuntos más relevantes abordados a lo largo del año, la institución destaca en materia de extranjería las mejoras reclamadas en el sistema de primera acogida, así como en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde a lo largo del año detectó "numerosas carencias". Además, mantiene un seguimiento de la situación en la que se encuentran las personas internadas en el Centro Penitenciario Málaga II (Archidona), instalaciones que ha visitado.
También consta en la lista la violencia de género, que "preocupa especialmente al Defensor del Pueblo". La Institución ha venido reclamando protección de los hijos de las víctimas habida cuenta de que "un maltratador no puede ser un buen padre" y para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores en este contexto.
En línea con esta protección de colectivos especialmente vulnerables, destaca de la actividad anual del Defensor la actuación de oficio iniciada este año para examinar las características y dotación de las residencias de mayores, pues "le inquieta especialmente la situación de estas personas" y "quiere detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades".
ELIMINAR EL COPAGO FARMACÉUTICO
Además, ha recomendado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a la medicina que necesitan, solicitando en esta materia que la exención del copago o la aplicación de un porcentaje mínimo para los crónicos, graves y pacientes de enfermedades raras, entre otros.
La Institución también considera necesario eximir del copago a las personas con discapacidad con grado reconocido y a las personas con ingresos económicos de cualquier naturaleza que no superen un umbral mínimo, y pide además que se fijen nuevos tramos de renta para fijar estas cuantías porque considera que los actuales son insuficientes.
También sobre discapacidad, el Defensor recomendó a Educación que los alumnos con problemas de aprendizaje y TDAH puedan beneficiarse de las ayudas dirigidas al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Asimismo, ha pedido que se fije la obligación de reservar un porcentaje mínimo de plazas de máster y doctorado para los estudiantes con discapacidad, asunto sobre el que está investigando a las universidades públicas.
PROTEGER DOÑANA
En el área de medio ambiente, el Defensor ha recomendado al Gobierno que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los cuatro proyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, y mantiene abierta una actuación de oficio ante 15 municipios españoles para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana.
En su actividad, también dedicó esfuerzos a la protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, pues es "un bien esencial para la vida y condición indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, la salud o una vivienda digna" y cuyo elevado precio dificulta el acceso de todos los ciudadanos.
Por ello, mantiene abiertas varias actuaciones con las administraciones públicas y ha recomendado, entre otras propuestas, reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y, recientemente, que se aplique a la electricidad un IVA reducido.
Otras actuaciones destacadas durante el ejercicio fueron la reclamación a la DGT de medidas urgentes en relación a la huelga de examinadores de tráfico que se prolongó cinco meses y la actuación de oficio ante la extradición, finalmente abortada, de dos periodistas reclamados por Turquía, según destaca la institución.