- Partidos, sindicatos, administraciones y la Casa del Rey bajo escrutinio ciudadano
Mas de un año después de aprobado el proyecto de ley de Transparencia por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el Gobierno verá cómo arranca uno de los proyectos estrella de esta legislatura y que arrojará luz sobre subvenciones del Gobierno. Los sindicatos, partidos políticos o la misma casa del Rey también quedarán expuestos al escrutinio ciudadano, así como los sueldos de los altos cargos.
Aprobada en noviembre de 2013, la llamada Ley de Transparencia empezará a andar el miércoles 10 de diciembre y se articulará fundamentalmente a través del llamado Portal de la Transparencia, una página web en la que se han invertido 1,4 millones de euros y que permitirá el acceso de los ciudadanos a las partidas económicas del Estado. Así, permitirá conocer el destino y la cuantía de las subvenciones que conceden los distintos organismos de la Administración central.
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CONSULTA PERMANENTE PERO CON LÍMITES
Explica ABC que el funcionamiento de esta web será a través de “una ventanilla permanentemente abierta, las veinticuatro horas y los siete días a la semana” y somete al escrutinio público: los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, la Casa del Rey, las empresas que reciban un 50 por ciento de subvención pública (superior a 100.000 euros), las iglesias, el Congreso y el Senado, el Banco de España y el Tribunal de Cuentas, entre otros organismos oficiales. También quedarán expuestos a los ciudadanos los sueldos de los altos cargos.
Sin embargo hay algunas limitaciones a esta normativa. Se restringirá el acceso a la información bajo el supuesto de la seguridad y la defensa nacional, la prevención de delitos o el secreto profesional. Asimismo, la norma también fija como límites “los intereses económicos o comerciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente o la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”.
Hay otra forma en la que se puede negar el acceso a la información pedida que es el denominado silencio administrativo negativo. Esto es que la administración requerida no esté obligada a responder el requerimiento de información y esto debe ser tomado como una negativa.
El Gobierno considera que esta ley es “una de las más avanzadas” de Europa y su objetivo es “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”, informa Servimedia.
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