El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que pide que suspenda de forma urgente la pena de inhabilitación que confirmó este lunes el Tribunal Supremo.
En el recurso, presentado por el abogado de Torra, Gonzalo Boye, el dirigente argumenta que la suspensión de la condena -que el Constitucional acuerda solo en casos excepcionales y de penas leves- es necesaria para evitar el "daño irreparable continuado" que la ejecución de la misma causaría tanto al expresident como a terceras personas.
A lo largo de 438 páginas, Boye señala que, "con una inusitada celeridad" y "minutos después" de hacerse pública la sentencia del Supremo -que desestima el recurso de casación-, el TSJC "ha declarado la firmeza de su sentencia" y "ordenado su inmediata ejecución". Por eso alega la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Sobre la Carta Magna, considera vulnerado el artículo 14 referido a que "los españoles son iguales ante la ley" sin que prevalezca "discriminación alguna"; el 16.1, que garantiza la "libertad ideológica"; el artículo 20.1 relativo a la libertad de expresión, el artículo 23, que establece que los ciudadanos tienen derecho a "acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos"; el 24, que garantiza el derecho de los ciudadanos a que no se produzca "indefensión" respecto a sus derechos e intereses en los tribunales; y el 25, que establece que "nadie puede ser condenado" por acciones "que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa".
Y respecto a los Derechos de la UE, la defensa estima que se ha vulnerado el derecho de todo ciudadano de la Unión a "ser elector y elegible" en las elecciones al Parlamento Europeo, así como otros artículos de la Carta de Derechos Fundamentales. Y considera a su vez que se infringe el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
CONDENADO POR DESOBEDIENCIA
El Supremo confirmó ayer la condena de año y medio de inhabilitación por delito de desobediencia que había sido dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) después de que Torra se negase a plegarse a la orden de la Junta Electoral Central, que le requirió la retirada de los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28 de abril.
Torra ofreció una última declaración institucional este lunes por la tarde, acompañado de todo su gabinete, en la que dijo que se convocarían elecciones en pocos meses y en la que pidió a la ciudadanía que esta cita en las urnas sea "un nuevo plebiscito que confirme el 1 de octubre", el referéndum independentista declarado ilegal. Asimismo, insistió en la "ruptura democrática" para alcanzar la independencia de Cataluña.
Este martes, el expresident ha ido a visitar a los presos independentistas en la cárcel de Lledoners, desde donde ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que impulse una ley de amnistía para "los represaliados" del 'procés'. También ha reclamado que se ponga encima de la mesa de diálogo entre los Ejecutivos el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña. "Si quieren abordar el conflicto en Cataluña, es necesaria una ley de amnistía y meter en el orden del día el ejercicio del derecho de autodeterminación", ha señalado.
