- El abogado de la formación tacha las grabaciones aportadas de "ilegales" e "ílicitas"
- La exministra de Sanidad Ana Mato no presenta cuestiones previas
El Partido Popular ha reclamado la nulidad de todo el proceso que juzga la trama Gürtel, la mayor investigación en la que se ha visto implicada la formación que está siendo juzgada como partícipe a título lucrativo desde el año 2007. El partido que dirige Mariano Rajoy alega "plena indefensión" en el procedimiento y considera que los responsables del partido en Majadahonda y Pozuelo deberían responder como partícipes a título lucrativo.
Así lo ha expuesto el abogado de la formación Jesús Santos durante su turno de cuestiones previas al juicio. Entre las peticiones realizadas por los 37 acusados en el banquillo figuran la nulidad de las grabaciones aportadas por el denunciante del caso, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, y las escuchas telefónicas ordenadas por el exjuez Baltasar Garzón durante la instrucción.
Santos ha subrayado que ya al inicio de la causa las pruebas aportadas eran "ilegales" e "ilícitas", en alusión a las grabaciones aportadas por Peñas. Asimismo, ha lamentado que no se haya podido "expulsar" de la causa el "conocimiento, la información" de las escuchas de las conversaciones de algunos de los acusados en prisión, autorizadas por Garzón, y que ha tachado de "ilegales, ilícitas y delictivas".
El abogado afirma que las escuchas autorizadas por el exjuez Garzón se tomaron de forma ilegal y delictiva
En este sentido, ha instado al tribunal a que estudie "de qué manera ha podido afectar en el devenir" y el "reflejo contaminante" que ha podido tener en los posteriores actos de investigación esta decisión del exjuez que provocó su salida de la carrera judicial por prevaricación.
Así, la defensa del PP ha dicho que se adhiere a las cuestiones previas planteadas por otros acusados -algunas "innovadoras", ha añadido- por la posible inculcación de derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 de la Constitución que establece que todas las personas tienen derecho a un proceso judicial con todas las garantías o a la tutela judicial efectiva.
EL PP TIENE UNA CONDICIÓN "EQUÍVOCA E INADECUADA"
Por otra parte, el representante del PP ha destacado que el PP tiene una condición "equívoca e inadecuada" de partícipe a título lucrativo, ya que el partido no ha tenido "participación alguna" en los hechos. Santos ha asegurado que desconoce "con precisión y con la concreción necesaria" qué hechos precisos acreditan que se considere al PP como "beneficiario" y le reporte la condición de responsable civil.
"No debería ser el PP el que ocupara esta posición, sino los grupos municipales", ha señalado, aludiendo a los responsables del PP en los ayuntamientos anteriormente mencionados.De hecho, ha asegurado que no ha tenido "participación alguna" en los delitos que se le imputan y ha remarcado que sigue sin conocer a día de hoy "ni el qué, ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo, ni dónde" del presunto beneficio que generó a su favor la actividad de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón con empresas de Francisco Correa.
SERVICIOS QUE NO HAN PODIDO CONCRETARSE
El abogado defensor de la formación política, antiguo fiscal de la Audiencia Nacional, ha apostillado que sólo hay apuntes que indican que se prestaron unos servicios al Ayuntamiento de Majadahonda, que por entonces dirigía Guillermo Ortega, desde el 2001 hasta el 2003 en el que no se sabe "cuáles, ni en qué fecha se realizaron".
La atribución de los delitos en el escrito de acusación es "inexacta o imprecisa o inconcreta", según el letrado que representa al PP
En cuanto al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, ha dicho que lo inconcreto de la acusación del Ministerio Público "alcanza la máxima expresión" pues se utilizan expresiones "impropias" de un relato de hechos y se dice que sufragaron al partido con 120.000 euros de "origen desconocido", a través de servicios para las elecciones municipales de 2003 que "no han podido concretarse".
Por todo ello, alegando la plena indefensión efectiva, ha solicitado que el partido sea "expulsado" de este procedimiento ya que la atribución de los hechos en el escrito de acusación es "inexacta o imprecisa o inconcreta".
Como partícipe a título lucrativo, la Fiscalía reclama al PP 245.492 euros por los delitos que presuntamente cometieron los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda.
ANA MATO NO PRESENTA CUESTIONES PREVIAS
Por su parte, la defensa de la exministra de Sanidad y exmujer de Sepúlveda, Ana Mato, también considerada partícipe a título lucrativo, no ha presentado cuestiones previas.
Sin embargo, sí se ha sumado a la petición de ausentarse de las jornadas del juicio, acogiéndose a su derecho a no estar presente en esta vista debido a su condición distinta a la de acusada, tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Fiscalía le reclama 28.467, 53 euros con los que la trama financió fiestas familiares como cumpleaños y comuniones.