El Gobierno ha abierto la posibilidad este lunes de "realizar cambios legales adicionales" para que las comunidades autónomas puedan afrontar la pandemia tras el estado de alarma si "se desprende la necesidad" de las resoluciones del Tribunal Supremo, el encargado de unificar criterios para todo el país. Entretanto, el PP pone sobre la mesa su nuevo plan jurídico para acabar con el “caos” generado por el Gobierno.
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido, en una tribuna publicada en el diario 'El País', que es "razonable que si hay disparidad de criterios" sea el Alto Tribunal el que "marque la pauta común". "¿Quién si no iba a hacerlo?", se ha preguntado, según recoge Europa Press.
Con todo, Campo ha dejado la puerta entreabierta a la posibilidad de que el Ejecutivo realice modificaciones legales adicionales que sean propuestas a las Cortes, como ha pedido el Partido Popular, que solicitaba un plan jurídico alternativo ante el fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo.
Asimismo, el titular de Justicia ha recordado que los gobiernos autonómicos tienen la posibilidad de solicitar la declaración del estado de alarma para su territorio. "Una posibilidad específicamente prevista" en la "legislación" que el Gobierno "ya se ha comprometido a apoyar", ha señalado.
En esta línea, Campo ha dejado claro que hoy por hoy no hay "ni jueces gobernando, ni dejación de responsabilidades o abandono de los gobiernos autonómicos". "Lo que hay, simplemente, es una buena noticia. Salimos de la excepcionalidad, porque la situación sanitaria lo permite, y volvemos a normas ordinarias de nuestro Estado de derecho", ha sostenido.
Así, el ministro ha lamentado que la oposición haya "jugado en todos estos meses a la contra", utilizando "la pandemia como oportunidad para el ataque político permanente". "Pero la irresponsabilidad y la deslealtad de la oposición no eximen de responsabilidad al Gobierno. El derecho de excepción solo debe permanecer el tiempo que resulte absolutamente imprescindible", ha añadido.
Con todo, y pese a abrirse a cambios legislativos, Campo ha insistido en que los presidentes autonómicos cuentan con "mecanismos suficientes".
NUEVO MARCO JURÍDICO
“En quince días, si el Ejecutivo quiere, se acabaría con la actual situación de inseguridad jurídica. El Gobierno no tiene que hacer el trabajo, porque el PP ya tiene registrada una proposición de ley”, ha explicado por su parte Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular.
Muestra, incluso, la disposición del PP a ceder la autoría de una solución jurídica que acabe con este “desaguisado”, con tal “de que la situación se solucione”.
