El Consejo de Ministros aprueba este martes la nueva línea de avales del ICO por importe de 40.000 millones de euros para impulsar la actividad inversora entre empresas y autónomos, especialmente en áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a la sostenibilidad medioambiental y la digitalización como ejes principales.
Su lanzamiento llega tras la línea de avales de 100.000 millones de euros puesta en marcha por el Gobierno en el ICO el pasado mes de marzo para dar liquidez a las empresas y que hasta la semana pasada ya había movilizado más de 91.000 millones.
Su grueso, un 97%, lo han suscrito pymes y autónomos, a los que ha llegado más de 62.500 millones en financiación, gracias al aval de 50.800 millones expedido por el ICO. Al resto de empresas les ha dispensado garantías por valor de casi 19.000 millones, permitiendo que recibiesen créditos por valor de 27.900 millones.
El Gobierno aprobó la creación de la nueva línea en el Consejo de Ministros del pasado día 3 dentro del plan de reactivación de la economía y el empleo dotado de 50.000 millones y que incluía también el plan Renove 2020 y medidas para apoyar al sector turístico.
Si la primera línea de liquidez contribuyó a evitar a empresas y autónomos tensiones de tesorería derivadas del cierre de los negocios por el estado de alarma, la nueva línea tiene como objetivo apoyar nuevos proyectos de inversión del tejido productivo.
Queda por fijar su letra pequeña, aunque el Gobierno ya anticipó que replicará el modelo de colaboración público-privado y de aprobación y gestión que tan bien ha rodado con la primera línea del ICO, con el fin de optimizar los recursos y la capilaridad de la llegada de los fondos al tejido productivo. Es decir, se ha apalancado en las redes de sucursales de las entidades financieras para llegar hasta el último rincón del país.
Las características específicas de la línea de avales, porcentaje de cobertura y distribución por tramos se aprobarán mañana. En los 100.000 millones de la primera línea de avales el Ejecutivo optó por desbloquear los fondos de manera progresiva en hasta cinco tramos, cuya cuantía y destino ha ido modulando conforme a las necesidades apreciadas.
El grueso ha ido para avalar financiación a empresas y autónomos, pero también ha destinado 4.000 millones para emisiones de pagarés en el mercado alternativo MARF y 500 millones para reforzar los avales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa); 500 millones para favorecer la adquisición de vehículos de uso profesional y 2.500 millones para empresas y autónomos del sector turístico.
En los créditos sólo ha avalado aquellos dirigidos a atender necesidades como pagos de salarios, facturas, de circulante u otras necesidades de liquidez, excluyendo las refinanciaciones o la amortización anticipada de deudas preexistentes.
En todos esos casos el aval del ICO cubre al 80% el riesgo de concesión cuando la financiación sea para pymes y autónomos, sea nueva concesión o renovación; y en aquellos otorgados al resto de empresas asumirá los riesgos de impago en un 70% si se trata de un préstamo nuevo y del 60% en caso de renovaciones.
