El Congreso aprueba el martes el techo de gasto de 2018 y las 4.282 plazas extraordinarias de empleo público

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, iniciará el debate a las 15.00 horas para defender los objetivos de estabilidad y deuda para el periodo 2018-2020 y el techo de gasto de 2018, que en sendos casos el Gobierno había aprobado ya el pasado lunes pero que retiró del Congreso y volvió a aprobar en el Consejo de Ministros de viernes para relajar los objetivos de déficit autonómico de cara a asegurarse la aprobación del techo de gasto.

Con casi total seguridad el Gobierno tiene garantizado el apoyo al techo de gasto de 2018 por parte de Ciudadanos, tras pactar la rebaja del IRPF en 2018, PNV, Foro Asturias, UPN y Nueva Canarias, al relajar el déficit autonómico, así como de Coalición Canaria, con quien se comprometió a permitir a las CCAA destinar su superávit a inversiones productivas financieramente sostenibles, frente al previsible voto en contra del resto de partidos, incluido el PSOE, a pesar de que en diciembre respaldó los objetivos de estabilidad para los Presupuestos de 2017.

El Ejecutivo ha fijado en 119.834 millones de euros el límite de gasto no financiero del Estado para 2018, paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, lo que supone un aumento del 1,3% respecto a las cuentas públicas de este año y el primer alza en los últimos cuatro años al elevarse el nivel de gasto en 1.497 millones de euros respecto a este año.

De su lado, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el viernes unos objetivos de déficit para las CCAA que elevan del 0,3% al 0,4% en 2018 y del 0% al 0,1% el déficit autonómico, para registrar equilibrio en 2020.

La décima de margen que otorga Hacienda a las CCAA en 2018 y 2019 (con 1.000 millones más en cada ejercicio) procederá de la Seguridad Social gracias a los "buenos datos" de las cotizaciones, así como de los nuevos ingresos que se derivarán del aumento de las cotizaciones como consecuencia de la subida salarial que se fije en la negociación colectiva. A estos 1.000 millones en los dos próximos ejercicios se suman otros 1.200 millones que las CCAA percibirán de la liquidación de 2015.

Se mantiene el objetivo de déficit del 2,2% para 2018 y el aumento del 1,3% previsto para el límite de gasto no financiero

Pese a la relajación de los objetivos de déficit que Montoro ha dado a las CCAA, el cambio no ha afectado al déficit del conjunto de las administraciones públicas ni al techo de gasto, por lo que se mantiene el objetivo de déficit del 2,2% para 2018 y el aumento del 1,3% previsto para el límite de gasto no financiero.

LOS NUEVOS OBJETIVOS DE DÉFICIT Y DEUDA

Así, la meta de déficit público del 2,2% del PIB comprometida para 2018 queda repartida en el 0,7% para el Estado, el 1,1% para la Seguridad Social, el 0,4% para las CCAA y el 0% para los ayuntamientos. Con estas cifras España se asegura abandonar el procedimiento de déficit excesivo en el que lleva inmersa desde 2009.

Para 2019, el objetivo de déficit del 1,3% se derivaría de un déficit del 0,3% del Estado y del 0,9% de la Seguridad Social, frente al 0,1% de las CCAA y el equilibrio de las corporaciones locales.

Montoro ya indicó que en la práctica "no habría déficit" porque "lo más probable" es que alguna de las otras administraciones registre superávit

Para 2020, España registraría ya solo un déficit del 0,5% de la Seguridad Social, si bien Montoro ya indicó que en la práctica "no habría déficit" porque "lo más probable" es que alguna de las otras administraciones registre superávit, con lo que se alcanzaría el equilibrio presupuestario.

Los nuevos objetivos de deuda pública de las administraciones públicas, son del 70,8% para la Administración Central en 2018, el 69,5% en 2019 y el 67,6% en 2020; del 24,1%, el 23,3% y el 22,4% para las comunidades autónomas; y del 2,7%, el 2,6% y el 2,5% para las entidades locales, respectivamente.

De esta forma, la deuda pública, que se situará en el 98,8% en 2017, bajará al 97,6% en 2018, al 95,4% en 2019 y al 92,5% en 2020, lo que supone una caída de algo más de seis puntos en estos cuatro años. Mientras, se contempla un aumento del 2,4% de la regla de gasto para 2018, del 2,7% en 2019 y del 2,8% en 2020.

Una vez se aprueben los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda para el próximo trienio y el techo de gasto, el Pleno del Senado los recibirá al día siguiente, el miércoles, para su aprobación. Con este paso, el Gobierno iniciará la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO EXTRAORDINARIA DE 4.282 PLAZAS

De igual forma, el Pleno del Congreso convalidará el decreto ley por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria de 4.282 plazas para 2017 y 2018 destinadas fundamentalmente a la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Inspección de Trabajo, oficinas de DNI y Dirección General de Tráfico (DGT). De estas plazas, 3.832 plazas son de turno libre y 450 de promoción interna.

Estas nuevas plazas irán destinadas a la lucha contra el fraude y la mejora de los servicios públicos y se concentrarán en la Agencia Tributaria (AEAT), Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Ministerio del Interior (oficinas de DNI y DGT) e Inspección de Trabajo.

Concretamente, la oferta extraordinaria recoge 2.150 plazas para la AEAT, 415 plazas para el SEPE, 564 para la Seguridad Social, 320 para la Inspección de Trabajo, 178 para la Intervención General del Estado, 150 para las oficinas del DNI y 505 para la DGT

Concretamente, la oferta extraordinaria recoge 2.150 plazas para la AEAT (la mitad para 2017 y la otra mitad para 2018); 415 plazas para el SEPE (215 en 2017 y 200 en 2018); 564 para la Seguridad Social (la mitad para este año y la otra mitad para 2018); 320 para la Inspección de Trabajo (160 plazas este año y 160 el próximo) y 178 para la Intervención General del Estado (89 este año y 89 en 2018), así como 150 para las oficinas del DNI y 505 para la DGT, para este ejercicio en ambos casos. Las plazas previstas para 2018 podrán convocarse ese mismo año.

No obstante, el Consejo de Ministros aprobó el viernes una oferta de empleo público total de 20.280 plazas (15.99 plazas más las 4.282 de la oferta extraordinaria), a las que se les añaden las 7.969 plazas aprobadas hace unas semanas para docentes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con lo que el total de plazas de la oferta de empleo público para 2017 y en menor medida para 2018 alcanza las 28.249 (20.451 de turno libre y 7.798 de promoción interna).

De las 15.998 plazas que componen la oferta ordinaria de empleo público aprobada, 10.323 son plazas de turno libre y 5.675 son de promoción interna. En detalle, se aprueban 11.844 plazas para la Administración General del Estado (6.994 de turno libre y 4.850 de promoción interna; otras 3.704 para Justicia 3.079 de turno libre y 625 de promoción interna) y otras 450 para funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional (250 de turno libre y 200 de promoción interna).

CANON DIGITAL

El martes también convalidará el Congreso el real decreto Ley que regula el canon digital. Con este nuevo texto se regresa al modelo del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, por el que el pago de la copia privada recae en fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción.

El Ejecutivo ha llevado a cabo esta modificación después de que la actual normativa, que puso en marcha el PP en 2011 y que cargaba este gasto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), haya sido tumbada por el Tribunal Supremo y por la UE al considerar que es ilegal e incompatible con la directiva europea existente en esta materia.

El nuevo texto fija una implantación escalonada para facilitar la introducción del nuevo modelo.

El nuevo texto fija una implantación escalonada para facilitar la introducción del nuevo modelo. Así, el primer año tras la entrada en vigor de esta norma se aplicará de manera provisional la compensación prevista en la Disposición Transitoria Segunda, que establece tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.

Como ejemplo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha puesto como ejemplo que por un teléfono móvil o smart-phone los fabricantes abonarán 1,10 euros, mientras que un dispositivo electrónico con pantalla táctil o tablet tiene un gravamen de 3,15 euros. Asimismo, precisa que se graban a los mismos aparatos que en los países de la UE, pero "en una horquilla de cuantías más baja".

Transcurrido un año se regulará mediante Real Decreto tanto la relación de equipos, como las cuantías, para adaptarlas a la realidad de la copia privada y a las novedades tecnológicas del mercado.