MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes las últimas tres leyes aprobadas por el Senado bajo Gobierno de Mariano Rajoy, que no será ya quien firme las iniciativas legislativas que han quedado en tramitación tras su salida del Ejecutivo, la más relevante, los Presupuestos Generales del Estado.
Se trata de tres reformas legislativas sancionadas este lunes por el Rey: La Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea; la Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias; y la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
En cuanto a la Orden Europea de Investigación, se trata de una trasposición al ordenamiento español que estaba pendiente desde mayo de 2017, cuando venció el plazo dado por Bruselas a los Estados miembro para adaptar la normativa a introducir aspectos como el reconocimiento mutuo, y de las solicitudes de prueba presentadas por otro país de la UE de la misma manera y bajo las mismas condiciones que si la orden procediera de autoridades nacionales.
Respecto a la modificación de la Ley de Consumidores y Usuarios, la modificación está dirigida a evitar la discriminación de las personas con VIH y otras condiciones, para lo que declara nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que les excluyan. Además, fija que el Gobierno, en un año presentará un proyecto de ley que habrá de determinar la aplicación de estos mismo principios a otras enfermedades cuyos pacientes también puedan estar afrontando cláusulas excluyentes de este tipo.
Por último, la Ley de Enjuiciamiento Civil, se centra en la regulación de la respuesta ante la ocupación ilegal de una vivienda, para lo que introduce, por ejemplo, que el propietario, sea una persona física, una entidad privada o pública, puede requerir la inmediata recuperación de la plena posesión o parte de la vivienda si ésta ha sido ocupada sin su consentimiento. También fija un plazo de cinco días para que el demandado responda al requerimiento, vencido el cual, se dictará sentencia de forma inmediata, entre otras novedades.