VALÈNCIA, 29 (EUROPA PRESS)

La diputada de Compromís en las Corts Mireia Mollà ha apuntado este miércoles que "ya no valen las soluciones del antiguo Gobierno" autonómico para evitar los casos de corrupción y que ha definido como "made in PP": "primero, que no nos pillen; segundo, lo negamos; tercero, que si hay imputación se puede argumentar persecución política o mediática; si hay juicio, si se pueden anular las pruebas; y si hay condena, que son manzanas podridas".

Mollà se ha manifestado en estos términos en el pleno de la Cámara durante una pregunta parlamentaria al conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, al que ha preguntado por los mecanismos y medidas adoptadas por el Consell para la prevención de las malas prácticas en la administración.

La parlamentaria ha señalado que parece "premonitorio" que la misma semana en la que su grupo presentó esta pregunta para el pleno, "se detenía a Sergio Blasco, sobrino de Rafael Blasco --exconseller actualmente en prisión por el caso Cooperación--, y que fue gerente del Hospital General de València, y a otras ocho personas más por millones de euros públicos supuestamente destinados a Sanidad pero que pudieron servir a intereses de una trama de corrupción", ha lamentado.

En este sentido, ha asegurado que las soluciones "made in PP" a los casos de corrupción ya no sirven. "En la familia Blasco ya no son manzanas podridas, es la cesta", ha destacado la diputada, quien ha agregado que es necesaria "la ética en la gobernanza, no solo a nivel personal, hacen falta medidas de control interno y externo".

Al respecto, Alcaraz, que ha felicitado a Mollà por su intervención --no le aplaudo porque queda mal--, ha apuntado que hay que "prevenir una tentación que es posible, que puede alcanzar a cualquiera, pero que las instituciones no pueden tolerar que se convierta en una realidad endémica", ha aseverado.

Así, ha indicado que entre las medidas e iniciativas puestas en marcha por el Consell están el código de buen gobierno, "que funciona razonablemente bien"; la puesta en marcha de un plan piloto para supervisar con detalle los procesos de contratación; un buzón responsable y de buen gobierno que se pondrá en marcha cuando se garantice el anonimato real; y un proyecto innovador de instrumentos informáticos que detecten en un momento inicial las malas practicas.

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