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José Borrell, en la sesión de control.Europa Press
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado finalmente a Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, por vender 10.000 acciones de Abengoa el pasado 24 de noviembre de 2015 por un importe de 9.030 euros, un día antes de que la compañía de la que por entonces era consejero suspendiera pagos y se hundiera en el parqué.

Concretamente, Abengoa cayó un 52,07% y un 29,72% en las dos siguientes sesiones bursátiles posteriores a la venta de títulos llevada a cabo por Borrell. La CNMV, que lleva investigando al ministro desde julio de 2017, le llegó a abrir expediente y ahora afirma que llevó a cabo "una infracción muy grave" por haber usado información privilegiada, según publica hoy el BOE.

El ministro se deshizo en 2015 de títulos del grupo un día antes de que suspendiera pagos

Dicho BOE hace además referencia a un tercero, la esposa de Borrell, Carolina Mayeur, que fue a nombre de quien estaba el paquete accionarial de Abengoa que se vendió entonces.

Con todo, la sanción económica impuesta al ministro por el organismo supervisor es la mínima posible dentro de la horquilla de las faltas muy graves.

Borrell afirmó el pasado 10 de octubre que recurriría la sanción de la CNMV por el caso Abengoa: "Si hubiera tenido información privilegiada no lo habría perdido todo".

Precisamente, por aquel entonces la CNMV confirmó en una nota que había tramitado un expediente administrativo sancionador "referido a una venta de acciones de Abengoa por un importe de 9.030 euros ordenada en noviembre de 2015 por el Sr. Borrell". Tal y como explica el regulador bursátil, "en dicha fecha era consejero de la compañía y, a juicio de la CNMV, conocía información relevante que todavía no había sido publicada".

"Las acciones vendidas no pertenecían al Sr. Borrell, sino a una persona de su entorno cercano", remarcó entonces la CNMV, que afirmaba que "la resolución del expediente, dictada el pasado día 27 de septiembre, no es firme, teniendo el interesado la posibilidad de recurrir en alzada ante el Ministerio de Economía y Empresa y, en su caso, posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa", concluye.

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