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Toni Roldán y Juan Carlos Girauta, de CiudadanosCIUDADANOS

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley para la profesionalización de la alta dirección de las Administraciones Públicas con la que buscan, en palabras del diputado Toni Roldán, acabar con la "ultrapolitización" del sector público.

También ha participado en su presentación el portavoz parlamentario de la formación, Juan Carlos Girauta, quien ha bautizado la norma como "ley antidedazos". "Se trata de que en la alta dirección haya más profesionales y menos políticos enchufados porque la Administración se gestiona, no se ocupa", ha resumido.

Según ha detallado Roldán, la iniciativa establece una clara distinción entre la figura del alto cargo (nombramientos políticos) y el alto directivo, que se elegirá teniendo en cuentas su experiencia y méritos.

Así, se consideran altos cargos los miembros del Gobierno y los secretarios de Estados, los secretarios generales, los delegados del Gobierno y quien ocupe la Presidencia, Vicepresidencia y resto de órgano de gobierno y dirección de las Autoridades administrativas independiente así como el presidente del Consejo Económico y Social.

AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE INTEGRIDAD PÚBLICA

Por su parte, los altos directivos serán quienes ocupen Subsecretarías, departamentos inferiores en la administración o en entidades del sector público, así como los embajadores. No obstante, Cs introduce la posibilidad de que los subsecretarios o asimilados, los jefes de misión diplomática o los presidentes o directores en entidades del sector público institucional estatal puedan ser considerados altos cargos "cuando concurran en el puesto a ocupar unas especiales características que exigen una cualificada relación de confianza".

Con carácter general, los altos directivos, entre los que se incluiría, por ejemplo, a los máximos responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o de Correos, serían elegidos por concurso.

Los 'naranja' plantean la creación de una Autoridad Independiente de Integridad Pública, que sería la encargada de evaluar la idoneidad de los candidatos propuestos. Esta entidad la presidirá una persona designada por mayoría de dos tercios del Congreso.

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