En 2016, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago pidió al exministro venezolano Rafael Isea que les ayudara a demostrar la supuesta financiación venezolana a Podemos, ofreciéndole, según un "mandato del ministro del Interior y del presidente del Gobierno" (Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy, respectivamente), que además le otorgaba libertad para ofrecerle identidades nuevas tanto a él como a su círculo más cercano.
Esta reunión se produjo en Estados Unidos, concretamente en el consulado español en Nueva York, donde Isea residía por ser un disidente del Gobierno de Hugo Chávez. En un audio publicado este miércoles por moncloa.com, Fuentes Gago le explica que la investigación la van a "hacer con un juez" y que "los de Podemos se lo van a tener que comer", por lo que que "si nos ayuda a que no lleguen los de Podemos, me 'caguen' la mar, mejor para todos".
El ofrecimiento que le hace Fernández Gago a Isea, a cambio de aportar estos datos, es una "nueva vida" en España para todos los que el exministro venezolano considerara que pudieran sufrir las consecuencias de sus actos por parte del Gobierno de Maduro, una oferta "asegurada al máximo nivel" y que obvia el procedimiento normal para convertirse en testigo protegido, que fue explicado unos momentos antes por el comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, García Catalán, que se encontraba fuera de la sala en ese momento. A la reunión también asistió otra inspectora de la UDEF.
En el audio, Fernández Gago también deja claro que su "papel no es de ellos" (el de la UDEF), que son policías "puros y duros" y que están "un poco descolocados" para dotar la investigación de base jurídica, pero que es él quien dirige la operación.
Isea declaró que el Gobierno venezolano hizo un pago de 7,1 millones de dólares a la Fundación CEPS pero el los jueces acabaron desestimandola.
Fuentes Gago está imputado en la Audiencia Nacional por la 'Operación Kitchen' y en 2017 aseguró que el "no tenía gana que ver" con el informe PISA (Pablo Iglesias SA).
EL GOBIERNO SE DESLIGA
El equipo del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP), por su parte, ha desligado al Gobierno de Mariano Rajoy de cualquier actividad relacionada con un presunto espionaje a Podemos y ha defendido la legalidad del contacto en Nueva York de dos policías y un exministro venezolano de Hugo Chávez, una reunión sobre la que dice que hay un acta porque se llevó a cabo con conocimiento de la Fiscalía.
Según han explicado a Europa Press fuentes del equipo de Interior con Fernández Díaz, el contacto el 12 de abril de 2016 en el consulado de Nueva York se llevó a cabo por iniciativa de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, y a quien califican de "testigo protegido de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos". Se llevó a cabo en presencia de su abogado.
De aquella reunión se levantó un acta -firmada por Isea y los funcionarios policiales- porque se hizo, según estas fuentes, "por los cauces ordinarios de la policía judicial y con escrupulosa sujeción a la normativa reguladora de la misma". El documento sellado, añaden, va acompañado de los carnés profesionales y quedó "a disposición del Ministerio Fiscal para la investigación de los hechos denunciados".
"La Fiscalía estaba informaba con carácter previo a la toma de declaración y fue informada después del contenido de la misma, pues se le entregó el acta por parte de los funcionarios de Policía Judicial", aseguran estas fuentes.
El equipo de Fernández Díaz y Francisco Martínez, ministro y secretario de Estado de Seguridad en Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, rechazan así la versión difundida este miércoles por moncloa.com en base a un audio en el que los policías dicen ante Isea que tienen "un mandato del ministro y del presidente".
"Las afirmaciones que pudieron realizar los funcionarios policiales presentes en la declaración se realizaron en el contexto del trabajo policial y sin responder, en ningún caso, a instrucciones o mandatos de ninguna autoridad política", señalan desde el equipo de Interior en el primer Ejecutivo de Rajoy.
