BRUSELAS 9 (EUROPA PRESS)
Los ministros de Justicia de la Unión Europea han adoptado este viernes en Bruselas una posición común sobre la directiva para combatir el fraude en Internet a través de métodos de pago virtuales como las criptomonedas.
Se trata de una nueva propuesta normativa que busca actualizar la legislación comunitaria en materia de ciberseguridad a través de un marco legal "claro, robusto y tecnológicamente legal" que proteja los pagos en línea y ponga freno a la financiación de grupos criminales.
Bruselas pretende así eliminar los obstáculos existentes a nivel operacional que dificultan las investigaciones y procesamientos judiciales, además de fomentar la concienciación ciudadana sobre técnicas fraudulentas como el 'phishing' o 'skimming'.
La directiva engloba tanto los fraudes a través de métodos de pago tradicionales -tarjetas de crédito o cheques- como las nuevas modalidades de pago en línea que han surgido en los últimos años, principalmente las transacciones a través del teléfono móvil y las realizadas con criptomonedas como el popular bitcoin.
La ministra de Justicia búlgara, Tsetska Tsacheva, ha subrayado la importancia de "regular" esta cuestión "dado que las ganancias del fraude con medios de pagos no metálicos muy frecuentemente se utilizan para financiar el crimen organizado y acciones terroristas".
"Y todo esto pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos", ha dicho en rueda de prensa al término de la reunión de los Veintiocho en la que han sellado un acuerdo sobre la normativa.
Además este tipo de fraude "frena el desarrollo del mercado único digital ya que los ciudadanos se vuelven más reacios a comprar por Internet", ha asegurado Tsacheva cuyo país ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
Bruselas pretende evitar con esta nueva normativa las lagunas legales entre Estados miembros que los grupos criminales aprovechan para llevar a cabo sus actividades delictivas. "A partir de ahora tendremos normas comunes robustas que asegurarán que los comportamientos fraudulentos sean perseguidos", ha incidido Tsacheva.
Los principales elementos de la directiva son la ampliación del alcance de los delitos para incluir transacciones a través de criptomonedas, la armonización entre Estados miembros sobre las definiciones de delitos cometidos en línea o introducir un nivel mínimo para las sanciones más elevadas.
Según una estimación de 2013, las organizaciones criminales obtienen una ganancia de 1.440 millones de euros anuales a través del fraude con métodos de pago no metálicos, a lo que se suma el envío de 36.000 millones de mensajes de phishing a ciudadanos europeos.
La Eurocámara todavía debe votar, previsiblemente en junio, su posición respecto a esta propuesta normativa antes de poder entrar en negociaciones con el Consejo y la Comisión. Tras el acuerdo formal entre las tres instituciones, la directiva se adoptará formalmente para su entrada en vigor.