Se crea una nueva autoridad para el control del blanqueo de capitales, la Anifi, que no dependerá de los Presupuestos
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes una reforma integral del funcionamiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que fundamentalmente deja de ser una autoridad de resolución bancaria para centrarse en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En concreto, el Consejo ha aprobado el anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este anteproyecto incluye creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), que contará con un sistema de financiación propio y no dependerá de los Presupuestos.
La Anifi unificará las competencias que hoy se reparten entre el Sepblac y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. De esta forma, la nueva autoridad independiente integrará las funciones de Unidad de Inteligencia Financiera (el Sepblac), supervisión e inspección, potestad sancionadora y sanciones financieras internacionales, y asumirá además competencias hasta ahora no atribuidas a ninguna autoridad, como la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La nueva autoridad se convertirá también en el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA).
El Gobierno ha decidido que, para acelerar su puesta en marcha y "bajo el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos", la nueva autoridad se construirá sobre la estructura del actual FROB, aprovechando sus servicios operativos y su experiencia en el sector financiero.
Esto implica que el FROB cambia su perímetro de actuación y deja de ser autoridad de resolución de la banca. Las funciones de resolución ejecutiva se traspasan a las autoridades que ya ejercen la resolución preventiva --el Banco de España, para las entidades de crédito, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para las empresas de servicios de inversión--, de modo que exista una única autoridad de resolución para cada tipo de entidad, en línea con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, ha afirmado el Gobierno.
Según un comunicado remitido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, este traspaso de las funciones se realiza "garantizando la separación funcional" respecto de la supervisión dentro de cada autoridad, para prevenir conflictos de interés. Asimismo, se preserva la participación del Ministerio de Economía en las decisiones con impacto presupuestario o sobre la estabilidad financiera.
Por su parte, la participación del Estado en CaixaBank se seguirá gestionando desde BFA Tenedora de Acciones, que dejará de ser filial de FROB, pasando a ser una sociedad adscrita al Ministerio de Economía.
BFA mantendrá su naturaleza de sociedad instrumental a la que se traspasarán también las acciones de Sareb y continuará ejerciendo sus derechos como accionista de la misma forma que hasta ahora, manteniéndose las obligaciones y condiciones de desinversión establecidas en el artículo 31 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
El Ejecutivo ha detallado que Anifi dispondrá de un sistema de financiación propio que no dependerá de los Presupuestos Generales del Estado. Se nutrirá de una tasa sobre los sujetos obligados sometidos a licencia administrativa (fundamentalmente entidades financieras y operadores de juego) y de un porcentaje limitado de las sanciones que imponga, que destinará a financiar actividades de prevención y persecución del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como de cooperación internacional.
Hasta ahora, el FROB venía reclamando un cambio en su modelo de financiación, ya que las tasas que cobraba estaban ligadas a las contribuciones que abonan los bancos al Fondo Único de Resolución (FUR). En los dos últimos años, este fondo se había completado, por lo que los ingresos por este concepto habían sido cero. El FROB había financiado su actividad, fundamentalmente, con los dividendos obtenidos de CaixaBank.
Según el Ministerio, la reforma que se plantea persigue un doble objetivo: reforzar la arquitectura institucional con la creación de una autoridad especializada e independiente (la Anifi), y adaptar la normativa española al nuevo paquete europeo antiblanqueo aprobado en 2024 y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La reforma actualiza también la normativa para adaptarla a los estándares europeos e internacionales. Entre las principales novedades, se incorporan nuevos sujetos obligados; se refuerza la transparencia sobre la titularidad real, con nuevas potestades de inspección y sanción del Registro Central; y se endurecen los requisitos de idoneidad, impidiendo que personas condenadas por blanqueo puedan ejercer como sujetos obligados o dirigirlos. Asimismo, se refuerza el control de los movimientos de efectivo.
El anteproyecto, aprobado en primera vuelta, se someterá ahora a audiencia e información pública antes de continuar su tramitación.