Unión Progresista de secretarios judiciales pide exculpar a la funcionaria de filtrar datos sobre víctima de La Manada

En un comunicado titulado 'que cada palo aguante su vela', han recordado que el protocolo de comunicación de la justicia de 2015 recoge que corresponde a las oficinas de comunicación la eliminación en las sentencias de "los datos personales de los afectados y aquellos otros que puedan identificarlos antes de facilitarlas a los medios de comunicación", debiendo éstas "comprobar que se dan los requisitos para ello".

La filtración de sus datos ocurrió después de que la sentencia distribuida desde la Audiencia de Navarra incluyera en los márgenes de las páginas un Código Seguro de Verificación (CSV) que, introducido a su vez en una determinada web de la Administración foral, daba acceso a la identidad de la víctima.

En opinión de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, "está más que claro" que correspondía al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Navarra la obligación "de eliminar cualquier dato que pudiera afectar a estos extremos, y por tanto, también el código de verificación segura (CVS).

En la misma línea, ha denunciado que es igualmente "lamentable" que el informe sobre el caso se haya filtrado a los medios antes de ser comunicado a la propia funcionaria interesada, afectando así "a su presunción de inocencia y a las más mínimas garantías de defensa e igualdad de armas y de protección de sus propios datos".

En este sentido, considera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería iniciar "alguna actuación interna" para depurar responsabilidades por la filtración de este informe y, "sobre todo, a la luz de los hechos exculpar a nuestra compañera de cualquier responsabilidad".

Igualmente, ve "llamativo" que ni el recientemente nombrado Secretario General de la Administración de Justicia ni el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra hayan manifestado públicamente su apoyo a la letrada afectada "ni hayan dictado instrucción" para indicar cuál debe ser el protocolo de actuación ante este tipo de hechos.

"Así las cosas, y en tanto no se aclare esta cuestión, es comprensible que numerosos compañeros hayan decidió no comunicar las sentencias a dichos gabinete hasta que nuestra intervención esté amparada por una normativa que confiera seguridad jurídica a nuestra posición", ha advertido.

En cualquier caso, han reclamado al Ministerio de Justicia y al órgano de gobierno este protocolo de responsabilidades, ya que cuando los letrados de la administración de justicia "entregan resoluciones al Gabinete de Prensa, las entregan a un órgano de la Judicatura, y la difusión de esas resoluciones será responsabilidad de la misma".

En cualquier caso, han reiterado su intención de seguir colaborando con las oficinas de información de los juzgados si esta cuestión se logra reconducir "lo antes posible" pero han alertado de que no lo harán "en estas condiciones". "De ninguna de las maneras vamos a consentir que se tome por costumbre responsabilizarnos de las carencias, la impericia y los errores de otros. Empieza ya a ser hora de que cada palo aguante su vela", concluye el comunicado.