La Fiscalía pide 17 años de prisión por los delitos de detención ilegal, contra la integridad moral y apropiación indebida
SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
Plena Inclusión Andalucía, organización mayoritaria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en la comunidad, intervendrá como acusación popular en un juicio, que se celebrará el próximo martes, contra una mujer y un hombre acusados de mantener encerrado a su hermano, que tenía una discapacidad intelectual del 70 por ciento, en condiciones infrahumanas mientras se beneficiaban de su pensión.
Ante estos hechos, la Fiscalía pide 17 años de prisión por un delito de detención ilegal, contra la integridad moral y apropiación indebida, con el agravante de abuso de superioridad y de parentesco, para los presuntos autores hermanos de este hombre, de 64 años de edad, incapacitado judicialmente al padecer una esquizofrenia catatónica, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Los hechos comenzaron a investigarse en 2015 cuando accidentalmente la Policía Local descubrió en una vivienda en Dos Hermanas, al acompañar a uno de los presuntos autores a su domicilio por encontrarse en estado de embriaguez, una puerta cerrada con candado en un pasillo, e incluso una segunda puerta también cerrada desde el exterior desde la que se podía acceder a una azotea donde, en una especie de palomar de reducidas dimensiones, se encontraba encerrado y desnudo este hombre en condiciones higiénicas y de alimentación lamentables, ha informado la asociación en un comunicado.
El afectado tenía a sus hermanos como cuidadores directos, que eran quienes supuestamente lo mantenían encerrado en condiciones infrahumanas, mientras que disfrutaban para sí mismos de las pensiones de las que era beneficiario.
Tras el hallazgo, ambos fueron detenidos por la Policía y en la actualidad el afectado se encuentra actualmente bajo la tutela de la Fundación TAU recibiendo la atención adecuada por parte de una asociación del sector.
Por su parte, Plena inclusión Andalucía mantiene su firme compromiso para que los derechos de las personas con discapacidad intelectual sean respetados y se garantice que puedan vivir en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos, por lo que desempeña una posición activa en estos casos procurando evitar que se vuelvan a producir.