SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
Las defensas de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía juzgados en la Audiencia de Sevilla por los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se han opuesto a la petición de la Fiscalía para una "delimitación objetiva" del procedimiento, bajo la premisa de que el proceso ya está "definido" en el auto de procedimiento abreviado, que dicha petición es "extravagante" y además podría conducir a un "dislate procesal inabarcable".
En concreto, a la hora del planteamiento de las cuestiones previas en este juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial, la Fiscalía solicitaba a la sala un "pronunciamiento expreso sobre la delimitación objetiva" del procedimiento judicial en sí, para impedir posibles "duplicidades", "indefensiones" o cualquier causa de "nulidad" del propio proceso.
Al respecto, el fiscal recordaba que allá por 2015, el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido ya entonces por María Núñez, acordó dividir en seis piezas diferentes la macro causa judicial incoada en 2011 sobre la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, traducida en ERE presuntamente irregulares y ayudas arbitrarias. Una de ellas correspondía al procedimiento específico utilizado para canalizar dichos fondos hacia las subvenciones usadas para incentivar los ERE supuestamente fraudulentos, extremo elevado ahora a juicio.
En ese sentido, la Fiscalía avisaba de que más allá del juicio que se celebra respecto a la pieza del procedimiento específico de las ayudas, sólo cuatro de las restantes piezas separadas cuentan con auto de procedimiento abreviado y de ellas, sólo tres están listas para que arranquen sus respectivas vistas orales. Del mismo modo, el Ministerio Público señalaba que actualmente existen piezas dispuestas para la investigación de hasta 260 o 270 ayudas sociolaborales individuales concedidas conforme al sistema elevado ahora a juicio, de las que sólo 104 estarían oficialmente incoadas.
"Esta causa no debe verse afectada por resoluciones de otras diligencias", alertaba la Fiscalía respecto al avance y las decisiones que se adoptan en las piezas aún con diligencias en curso. Es más, el representante del Ministerio Público ponía de relieve que si finalmente la sala se sentía "vinculada" al devenir y decisiones de las restantes piezas, entonces, por ejemplo, habría que "incorporar" al juicio las pruebas documentales o testificales de las piezas correspondientes a las ayudas sociolaborales individuales, que se elevarían a unas 270.
EL CRITERIO DE LA SECCIÓN SÉPTIMA
Del mismo modo, la Fiscalía ponía de relieve el criterio de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, en la que ejerce ahora la juez Mercedes Alaya, instructora inicial del caso, respecto a que los altos cargos encausados fuesen juzgados por el procedimiento específico por el que la partida presupuestaria 31L se tradujo en subvenciones presuntamente fraudulentas, pero no por las piezas de cada una de estas ayudas.
Esta petición ha contado con la oposición unánime de los abogados de todos y cada uno de los 22 ex altos cargos de la Administración andaluza sometidos a juicio. Y es que como ha puesto de relieve Víctor Moreno, abogado defensor de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, el auto de procedimiento abreviado emitido en su momento respecto a esta pieza "determinaba el objeto del proceso, los hechos punibles y las personas" supuestamente autoras de los mismos. Es por ello que según este abogado defensor, a estas alturas ya ha "precluido" el momento en el que era posible solicitar la "reinterpretación" de los hechos elevados a juicio.
Sobre todo cuando, según Víctor Moreno, una vez dividida la macro causa en seis piezas diferentes precisamente después de que la Fiscalía solicitase "reiteradamente" tal extremo, la pieza correspondiente al procedimiento específico tiene "sustantivación propia" y su objeto quedó "definido" en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. Así, ha advertido de que "la Fiscalía es la principal responsable o coadyuvante" de la situación que ahora censura.
"DISLATE PROCESAL INABARCABLE"
El abogado Víctor Moreno, en paralelo, ha alertado de que más allá del carácter "sorprendente" de la petición de la Fiscalía, las implicaciones de la misma supondrían una "contaminación" del juicio con aspectos de "otros procesos diferentes", en alusión a la idea de que fuesen incorporadas las pruebas documentales y testificales de las piezas relativas a las ayudas sociolaborales individuales. Tal extremo, a su juicio, se traduciría en "un dislate procesal inabarcable". Del mismo modo, ha tachado de "disparate judicial" la idea de retrotraer el procedimiento para "redefinir" el objeto del mismo.
La petición del Ministerio Fiscal, en definitiva, es para este abogado una "extravagancia o filibusterismo" judicial que "carece de amparo legal y no tiene cabida en este trámite procesal", en referencia al acto del juicio oral. Es más, Víctor Moreno ha avisado de que el propio tribunal es "incompetente" para delimitar el objeto de la causa, porque se trata de algo ya resuelto mediante el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado y no se puede "sustituir en sus funciones" al juez instructor que dictó tal documento. "No se pueden cambiar las reglas cuando el juicio ya se ha abierto", ha aseverado.
Uno tras otro, los restantes 21 abogados defensores se han adherido a estas tesis, aunque en muchos casos agregando sus propios matices e incorporaciones. El abogado de Manuel Chaves, Pablo Jiménez, señalaba por ejemplo que la petición de la Fiscalía ni siquiera es una "verdadera cuestión previa", oponiéndose además a que la Fiscalía proponga ocho nuevos testigos, porque pudo haberlo hecho a la hora de redactar su escrito de acusación.
"UNA ENTELEQUIA"
En el caso del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, su abogado defensor, Alfonso Martínez del Hoyo, ha manifestado que la petición de la Fiscalía "excede las facultades de la sala" e implica que la misma "desoiga" el auto de procedimiento abreviado. "Es una entelequia", ha criticado, lamentando además que el Ministerio Público proponga pruebas "en aluvión" al aludir a la incorporación al proceso de las pruebas de las piezas correspondientes a las ayudas sociolaborales individuales. Como solución, no obstante, ha propuesto que las acusaciones desistan del delito de malversación que pesa sobre muchos de los ex altos cargos inculpados, y el juicio se circunscriba al presunto delito de prevaricación, una idea a la que se ha sumado el abogado defensor del ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera.
Rafael Alcácer, defensa de la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta, Magdalena Álvarez, ha opinado también que el tribunal "no es competente para reinterpretar" los hechos elevados a juicio, mientras José María Mohedano, abogado defensor de José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, ha recordado que el proceso "no está en la fase donde se delimita el objeto" del juicio. "Ya hemos superado eso", ha aseverado.
Del mismo modo, José María Mohedano ha considerado que de acceder a las peticiones de la Fiscalía, el juicio correría el riesgo de verse "contaminado por las decisiones" de las piezas cuyas pruebas y testificales se incorporasen, toda vez que la Fiscalía ya ha sido "partícipe absoluto" de la delimitación del objeto del procedimiento.