• Dos fondos (FRRI y FIEX) adscritos a Mineco cubrían riesgos de Abengoa
  • Santander continúa como primer accionista con el 4,9% del capital
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La Secretaría de Estado de Comercio eleva a la CNMV que el conjunto de participaciones del Gobierno en el capital de Abengoa superan el 3% tras canjear -con cientos de millones en pérdidas- su deuda por acciones en el rescate de 2017.

Abengoa es un valor que, por el momento, da alergia a sus acreedores -que han puesto pegas a la venta de Atlántica Yield-, y a los inversores privados después del rescate y reestructuración que vivió la compañía entre 2015 y 2017. Los más reputados, incluso, se atreven a bromear cuando se les menciona la posibilidad de invertir en la compañía sevillana. “Nos gusta el fango, pero tampoco nos gusta ahogarnos en el fango. Yo me acuerdo del perro de los Baskerville y las arenas movedizas...”, aseguró entre risas el gestor Francisco García Paramés, fundador de Cobas AM y ex Bestinver, durante una conferencia en la Universidad de Navarra a finales de febrero.

También echa para atrás incluso a sus rescatadores, encabezados por Banco Santander, que ha ido vendiendo sus acciones procedentes del canje de deuda hasta quedarse con apenas el 4,9% de la compañía, participación heredada también de la compra de Popular. El banco que preside Ana Botín era el único accionista de referencia de Abengoa hasta el pasado viernes, cuando el Ministerio de Economía de Luis de Guindos comunicó la toma del 3,15% de su capital, un porcentaje que responde a los avales y deuda contraída por Abengoa con entes públicos. El Estado se convierte así el último de la fila en ‘pasar’ por el accionariado de la empresa andaluza después de que lo hicieran todos los bancos españoles -todos con riesgo Abengoa en sus balance- y decenas de fondos de inversión.

DOS FONDOS DE AYUDA A LA INTERNACIONALIZACIÓN

En concreto, según consta en la CNMV, la propia Secretaría de Estado de Comercio que dirige María Luisa Poncela señala que son “dos fondos sin personalidad jurídica adscritos al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de Comercio”. El primero de ellos FIEX (Fondo para inversiones en el Exterior) está gestionado por Cofides y permite tomar “participaciones temporales y minoritarias directas en el capital social de empresas españolas para su internacionalización”, según explica en su web.

El FIEX es un vehículo con 878 millones de euros de patrimonio que avaló a Abengoa y se convirtió en acreedor a la fuerza, al igual que el FRRI, que está gestionado por Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación). Fuentes ministeriales sitúan el origen de la participación en Abengoa en el rescate y reestructuración de la compañía, que hace algo más de un año mantuvo en vilo a miles de trabajadores del grupo, pero sobre todo, los balances de los principales bancos españoles, expuestos a su deuda cercana a los 10.000 millones de euros antes del rescate.

Lo extraño del caso es que el Gobierno aflora como accionista de Abengoa con casi un año de retraso con respecto al rocambolesco rescate de Abengoa, que sigue viva en bolsa después de haber perdido un 99% de su valor. El afloramiento de las acciones en manos estatales surge después de que el Consorcio de Compensación de Seguros haya comunicado al Ministerio el paquete acciones de Abengoa que le corresponde un paquete superior al 3%, porcentaje que le obliga por ley a comunicar su presencia como accionista.

RESPALDO AL PLAN DE VIABILIDAD

Sobre las actividades del FRRI (Cesce) con Abengoa, el comunicado enviado a la CNMV señala el papel de avalista que ha tenido el Gobierno con la multinacional fundada por los Benjumea. “El Estado responderá de las obligaciones asumidas por el agente gestor por cuenta de aquel en el ejercicio de su actividad de cobertura a tal efecto se crea el Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI) es un fondo sin personalidad jurídica (...) al que se le imputarán las operaciones de cobertura de riesgos por cuenta del estado realizadas por el agente gestor”, explica el Gobierno en el documento al regulador.

Que el Gobierno se posicione en el capital de Abengoa un año después es la confirmación de que hubo ‘solución política’ para la compañía, pero sobre todo da fuerzas al grupo sevillano en la recta final de las negociaciones para la venta de Atlantica Yield. Es su joya de la corona en EEUU y está en proceso de venta a la eléctrica Algonquin Power, que exigió una serie de condiciones que todavía no han conseguido resolverse hasta la fecha.

Fuentes próxima a la empresa señalan como una “coincidencia temporal” que la presencia estatal en Abengoa, si bien otras fuentes creen que se trata de un movimiento para reforzar la credibilidad del equipo que dirige Gonzalo Urquijo y en el que se han enrolado otros ilustres de la talla de Josep Piqué (ex ministro y ex CEO de OHL) o José Luis del Valle, ex director de estrategia de Iberdrola. La operación, que se extiende al 25% de Atlántica, tiene un valor de 607 millones de dólares (unos 493 millones de euros), de los que 510 millones se destinarán al repago de la deuda, según informó la compañía, que espera cerrar en los próximos días esta desinversión para seguir adelante con su plan de viabilidad.

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