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Las cuentas de los hogares y las empresas españolas han evolucionado de forma dispar en estos años de pandemia. Según el último número de Cuadernos de Información Económica, publicación editada por Funcas, los balances de las familias conservan una gran solidez, mientras que los de las empresas se han deteriorado.

La recuperación de la renta de los hogares en 2021 fue más intensa que la de las empresas y su volumen de endeudamiento creció en una cuantía muy inferior. Además, los hogares han seguido aumentando la bolsa de ahorro forzoso generada en 2020. A finales de 2021 habían acumulado un excedente de ahorro o sobreahorro de 34.000 millones de euros, entendiendo por tal la diferencia respecto a la media histórica de las tasas de ahorro desde el final de la anterior crisis hasta 2019.

Esa cuantía se suma a los 60.000 millones generados en 2020. Las remuneraciones salariales prácticamente alcanzaron las cifras de 2019, impulsadas sobre todo por el crecimiento del empleo público, y las prestaciones sociales mantuvieron el nivel de 2020, tras el esfuerzo de protección del sector público en ese primer año de pandemia, explica la economista de Funcas María Jesús Fernández.

Destacan destacar que, mientras en 2020 cerca del 40% del ahorro de los hogares se destinó a inversión real, fundamentalmente en vivienda, en 2021 fue el 80%, lo que explica el alza de la deuda de las familias por primera vez desde 2008, aunque de forma moderada.

Por su parte, las empresas españolas estaban aún lejos de recuperar los valores de dos años antes en magnitudes como el excedente bruto de explotación o la renta disponible bruta. El impacto diferencial de la crisis por sectores productivos empeoró la situación financiera de actividades como la hostería, ocio y turismo, muchas de cuyas empresas se vieron obligadas a endeudarse no tanto para financiar inversión productiva, sino gasto corriente, lo que implica un deterioro de su solidez financiera.

La invasión de Ucrania supone un cambio estructural en el escenario internacional que alterará todas las dinámicas geopolíticas presentes desde la caída del Muro de Berlín. Para José Ramón Díez Guijarro es un evento de tal magnitud que tendrá efectos sobre la evolución económica a corto plazo y las tendencias de fondo de la economía global. El aumento del riesgo político incidirá en la economía a través de varios canales: precio de las materias primas, vínculos comerciales, incertidumbre o estabilidad financiera. El impacto más directo es el mayor repunte del precio de las materias primas desde la década de los 70 que, además de los efectos directos en inflación, afecta al crecimiento y al empleo.

En un escenario central, es muy probable que para buena parte de los países industrializados solo la subida del precio de la energía suponga un efecto negativo próximo al punto porcentual sobre el crecimiento de este año, si bien dependerá de cómo se afronten las tensiones inflacionistas en cada país.

En cuanto a los efectos de la guerra sobre las tendencias de fondo de la economía global, cabe esperar una reconsideración del proceso de globalización, con una economía que podría estar fragmentada en bloques. La búsqueda de una mayor autonomía estratégica, especialmente en Europa, conllevará la reformulación de la acción exterior, las políticas energéticas, de defensa o de competencia, lo que se trasladará al marco económico. La consecuencia sería menor crecimiento potencial, mayor volatilidad y un largo proceso de adaptación al romperse el marco que ha regido las relaciones económicas internacionales los últimos 75 años. La pregunta, según el autor, sería cuál es la mejor vía para realizar esa transición hacia un nuevo equilibrio en la economía internacional.

El incremento exponencial de los precios de los productos energéticos, y su repercusión sobre los índices de precios de consumo, ha sido la primera y principal consecuencia de la guerra en Ucrania. Raymond Torres revisa los planes de choque que se han puesto en marcha en las cuatro mayores economías de la Unión Europea (Alemania, España, Francia e Italia) para afrontar este nuevo escenario de crisis energética. El impacto presupuestario de estos planes es considerable. Los recursos desplegados hasta la invasión de Ucrania se elevaron a entre 5.000 y 16.400 millones de euros. Desde entonces, el coste adicional de las medidas está entre los 15.000 millones en Alemania y los 27.000 millones en Francia.

Son medidas de un alto coste presupuestario que, si bien ayudan a soportar a corto plazo los efectos de la crisis energética, no aportan una solución duradera al proceso inflacionista, agudizando la tensión entre la contención de los precios y el cambio de modelo energético. No parece, por tanto, que la limitación de la demanda vaya a ser la vía preferida por los gobiernos. Se opta en cambio por intensificar la inversión en energías renovables y mejora de la eficiencia energética, con la vista puesta también en diversificar las fuentes de suministro reduciendo la dependencia de Rusia.

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