PP, Vox y Ciudadanos han expresado este jueves en el Pleno del Congreso su rechazo al decreto ley que obliga a las empresas de reparto a contratar a sus trabajadores, la conocida como 'Ley rider', y han exigido su tramitación como proyecto de ley para poder introducir cambios.
Sin embargo, el Gobierno se ha asegurado la convalidación del decreto, pues cuenta con los apoyos de Esquerra Republicana, PNV, EH-Bildu, Junts, la CUP, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias, que se suman a los votos del PSOE y Unidas Podemos.
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Destaca el caso particular de Vox, que durante una confrontación directa con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad por no ver justificada la "urgente necesidad" requerida en este tipo de iniciativas.
En el transcurso de la discusión, el turno de palabra de la titular de Trabajo se ha visto interrumpido en varias ocasiones por gritos procedentes de la bancada de Vox, formación que ha pedido un estatuto específico para los trabajadores objeto de la mencionada ley.
Así, el portavoz laboral de la formación ultraderechista, Juan José Aizcorbe, ha apuntado que la regulación es "un canto de sirena", que fija "trabas" y "barreras" a los trabajadores. Del mismo modo, ha cuestionado la representatividad de los agentes sociales a la hora de acordar los cambios.
Estas afirmaciones han sido replicadas por la vicepresidenta, quien les ha reprochado que perpetúen "un modelo basado en la explotación" en el que "todo vale contra las personas trabajadoras" y "basado en el siglo XIX". "No hay ningún emprendimiento en un joven que reparta en las calles, acompañado de una herramienta digital, por muy moderna que sea", ha apostillado.
Al rechazo de Vox se han sumado los del PP, Ciudadanos y Foro Asturias, que han respaldado su voto en contra apoyándose en la utilización del decreto ley, pero también en la falta de consenso con la que nace la norma pese a haberse aprobado tras un acuerdo con las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT.
El diputado 'popular' Diego Movellán cree que la nueva regulación requiere "mayor debate y consenso" y que el decreto ley contiene "más ideología que contenido". Asimismo, apunta que su propósito responde al interés del Gobierno de "hacer la vida imposible a los autónomos".
También ha cuestionado la regulación por decreto María Muñoz, diputada de Cs, pues lo ve "incompatible" con que se dé tres meses para empezar a aplicarlo. "A riesgo de que nos llamen explotadores", ha dicho, "no podemos apoyar este despropósito".
PSOE: "VOTAR EN CONTRA ES SER CÓMPLICE DEL ESCLAVISMO"
Frente a todos ellos, la diputada del PSOE Mercé Perea ha manifestado que votar contra el decreto "es ser cómplice de la precariedad, de la pobreza y del esclavismo", y que en esta postura está una "derecha neoliberal que pretende la desregulación salvaje".
"Para que luego digan que luchar y organizarse no sirve para nada", ha argumentado el portavoz laboral de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, recordando el trabajo de los 'riders' durante los últimos años por regularizar su situación, llevando a los tribunales a las plataformas y que ahora se traduce en una nueva ley.
Marta Rosique, de ERC, ha celebrado la regulación, pero también le ha afeado a la ministra de Trabajo su retraso para abordar reformas en la subcontratación y, preguntándose de si irá "sector por sector", le ha reprochado que la nueva regulación únicamente abarca al sector de reparto, dentro del ámbito de las plataformas digitales.
Por su parte, Oskar Matute (Bildu), ha recordado que la profesión cuyos derechos son regulados no es innovadora: "Se lleva haciendo desde hace siglos". Se ha cuestionado, además, "en qué cabeza cabe que una empresa de reparto tenga cero empleados". Seguidamente, ha señalado que hasta ahora, al no abonar cotizaciones las empresas han defraudado, y eso implica menos dinero para el sistema de Seguridad Social y sus pensiones.
"No son autónomos en una economía colaborativa o emprendedores en bicicleta, sino falsos autónomos exprimidos por unas empresas que utilizan a colectivos desfavorecidos para lucrarse", ha zanjado Josep Pagès, portavoz laboral de Junts.
