La nueva ley hipotecaria que afronta la recta final para su aprobación en el Congreso obligará a los bancos a establecer mayores controles sobre la solvencia de sus clientes antes de poder concederles una hipoteca, según adelanta hoy El País.
La modificación sobre el texto que elaboró el ex ministro Luis de Guindos ha contado con la aprobación de todos los partidos de la cámara y tiene como finalidad evitar la concesión irresponsable de préstamos a clientes que no tenían capacidad real de devolverlos, uno de los principales motivos del estallido de la última crisis económica mundial.
“Decían que no hacía falta, pero la experiencia de la burbuja ha demostrado que sí”, declara a El País Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos y uno de los ponentes de la ley.
El texto legal no detallaría, sin embargo, las sanciones que se impondrían a los bancos que no cumpliesen con esta obligación, lo que podría restar fuerza a la norma. Según El País, Podemos propuso la anulación de la hipoteca en caso de incumplimiento, aunque el PSOE se mostró más partidario de cancelar solo el pago de intereses y Ciudadanos, de la supresión únicamente de los intereses de demora.
El PSOE también rechazó otras enmiendas de Podemos a esta ley como paralizar todos los desahucios en marcha desde 2013 y la suspensión de las ejecuciones posteriores a personas "en riesgo de exclusión residencial".
La ley de crédito inmobiliario se comenzó a elaborar en 2014 como respuesta a una directiva europea, pero no llegó al Congreso hasta 2017 y se encuentra desde entonces bloqueada en la cámara. El próximo martes se reúnen los ponentes para intentar alcanzar un pacto, mientras el Ministerio de Economía negocia en estos momentos con el Partido Popular para tratar de desbloquear la aprobación parlamentaria de la ley.
