La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el Gobierno pondrá en marcha la limitación del pago en efectivo para ciertas transacciones entre profesionales y empresas. Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para estos colectivos se reduce de 2.500 a 1.000 euros, mientras que para particulares se mantiene en 2.500 euros, aunque el objetivo es "ir disminuyendo cuantías" para combatir la economía sumergida.
Esta medida se incluye dentro del anteproyecto de ley de medidas de prevención de lucha contra la elusión fiscal que el Gobierno ha aprobado este martes. También se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros para particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Montero ha recordado que esto servirá también para trasponer una directiva europea. "La lucha contra el fraude fiscal es una prioridad" para el Ejecutivo, porque "no hay justicia social si algunos pretenden eludir sus responsabilidades", generando "competencia desleal" y “un deterioro" para las arcas públicas que es más grave en estos momentos de pandemia, ya que las prácticas irregulares suponen un "agravio" para los contribuyentes cumplidores y restan recursos al Estado de bienestar, ha asegurado.
Así, ha explicado que la norma incluye medidas de "gran calado" que refuerzan las herramientas que previenen y combaten la evasión fiscal y ponen el foco en las fórmulas de fraude "más avanzadas y complejas", que requieren de ingeniería, lo que a su vez precisa de una especialización en la Agencia Tributaria, especialmente en la unidad de grandes contribuyentes y grandes patrimonios.
La ministra de Hacienda ha indicado también que el proyecto de ley busca intensificar la labor que viene haciendo la Agencia Tributaria, que el año pasado consiguió ingresar 15.715 millones de euros, un 4,1% más respecto al ejercicio anterior, gracias a esta lucha contra la elusión fiscal.
Entre las otras actuaciones enmarcadas en este proyecto, se contempla prohibir los softwares de doble uso que las grandes compañías utilizan para hacer una doble contabilidad, un mayor control sobre las criptomonedas, actualizar la lista de paraísos fiscales y sus criterios, prohíbe las amnistías fiscales y amplía la lista de deudores con la Agencia Tributaria, rebajando el umbral para ser incluida en ella del millón de euros de deuda a 600.000 euros e incluyendo en ella también a los responsables solidarios.
La previsión es que las medidas incluidas en este proyecto de ley permitirían ingresar 800 millones de euros adicionales en un año, según ha dicho Montero.
AMNISTÍA FISCAL
Por otro lado, Montero ha indicado que la Abogacía del Estado se pronunció en su día acerca de la imposibilidad de publicar los nombres de los contribuyentes que se acogieron a la última amnistía fiscal, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Esto supone que las condiciones en las que se produjo esta amnistía fiscal no se podían modificar posteriormente y, entre ellas, se encontraba el anonimato de las personas que se acogieron a dicha amnistía.
"Ojalá pudiéramos publicar esta lista, pero no podemos hacerlo", ha afirmado la ministra, asegurando que, por ello, el Gobierno ha dado este martes "un paso más" con la prohibición de amnistías fiscales tan "injustas" que sufrieron incluso el reproche del Tribunal Constitucional.
