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El rey emérito, Don Juan Carlos

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha salido al paso de las acusaciones sobre un supuesto trato de favor al rey emérito tras la segunda regulación fiscal de Don Juan Carlos, reiterando que es secreto a quién se investiga y avisando que esta acción podría no ser suficiente para evitar su procesamiento por delitos fiscales si la Fiscalía le hubiera notificado ya la apertura de la investigación.

Con vistas a impedir "la persecución de los delitos fiscales" por parte del emérito, la Asociación de Inspectores ha aclarado en un comunicado que debe procederse "al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones, denuncias o diligencias por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), del Ministerio Fiscal o del juez de Instrucción".

Por ello, los inspectores de Hacienda han destacado que "las regularizaciones efectuadas no impedirían la persecución de los delitos fiscales cometidos".

Desde la Asociación de IHE han subrayado que en el comunicado del abogado de Don Juan Carlos, este comentó que "no ha existido ningún requerimiento previo, pero no dice nada respecto de si tiene conocimiento formal de las diligencias practicadas por la Fiscalía".

Asimismo, los inspectores han recordado que la ley impone a la AEAT "el deber de secreto", salvo en los casos de "colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona agraviada".

A este respecto han recalcado que la Agencia Tributaria "no puede hacer público si está o no investigando a una persona determinada, o si tiene intención de hacerlo", y advierten que los funcionarios deben "guardar el más estricto sigilo".

Han explicado además que "en multitud de casos de famosos con problemas con Hacienda, nada trasciende a la opinión pública hasta que estos casos son dirimidos ante los tribunales de Justicia". Por ello, han lamentado que "las manifestaciones que dan por supuesto la inacción de la Agencia Tributaria dañan su imagen y afectan muy negativamente a la conciencia fiscal de todos los ciudadanos".

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