La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado este viernes en 5.678 millones el incremento de ingresos que conseguirá el aumento de impuestos que se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado pactado con Podemos. Esta cantidad es muy superior al aumento del gasto previsto, de solo 2.082 millones, si bien esta cifra no incluye ni la Seguridad Social ni las comunidades autónomas.
Esta diferencia, teóricamente, debería destinarse a reducir el déficit público; de hecho, Montero ha dicho que "es una muestra del compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria y nuestros compromisos con la UE". No obstante, el incremento del déficit de la Seguridad Social que supondrá la subida anunciada de las pensiones, así como el mayor margen de déficit otorgado a las autonomías, probablemente se comerán esta diferencia.
La subida impositiva afectará a numerosos tributos. Así, el tipo máximo del IRPF se elevará dos puntos sobre el 45% actual (en el tramo estatal) para las rentas a partir de 130.000 euros en 2019 y aumentará cuatros puntos para los ingresos superiores a 300.000 euros. El tipo del ahorro también se incrementará en cuatro puntos porcentuales para rentas superiores a los 140.000 euros, hasta el 27%. Ahora las plusvalías de más de 50.000 euros están gravadas con un tipo del 23%.
En el Impuesto sobre Sociedades, se creará un tipo mínimo del 15% para las empresas con una base imponible superior a 10 millones, según Montero, lo que "no afectará al grueso del tejido productivo de pymes y autónomos, y supone un esfuerzo asumible para las grandes empresas, que además mejorará su imagen corporativa". Para los bancos y las petroleras, este nuevo tipo mínimo será del 18%, dado que cuentan con un tipo nominal incrementando del 30%, frente al 25% general.
Se retoma el Impuesto sobre el Patrimonio, que estaba congelado, y gravará con un 1% a las fortunas superiores al 10 millones. Otras empresas perjudicadas por el aumento de impuestos son las socimi, que sufrirán un gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos como dividendo y tendrán que pagar el 25% de os beneficios que no generen con venta o alquiler de inmuebles.
Asimismo, se crean los nuevos impuestos anunciados por el Gobierno. Por un lado, el llamado Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, la 'tasa Google', que gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. El nuevo tributo gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
Por otro, se crea el Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido también como la 'tasa Tobin', que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones de empresas españolas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas, ni tampoco la deuda, tanto la pública como la privada, ni los derivados. También se impone el impuesto al diésel, pero Montero no ha concretado sus términos.