La Cámara aprueba un calendario de tramitación que permitiría aprobar las cuentas y enviarlas al Senado el 24 de noviembre
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La Mesa del Congreso ha calificado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 y ha aprobado su calendario de tramitación, fechando el próximo jueves 27 de octubre su primera votación, la de las enmiendas a la totalidad.
Para entonces, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos deberá contar con apoyos suficientes para respaldar la tramitación de sus nuevas cuentas y rechazar las enmiendas de totalidad de los grupos que tratan de tumbar los Presupuestos.
Según el calendario aprobado por el Congreso, recogido por Europa Press, los grupos tendrán hasta el próximo lunes a las 14 para solicitar las comparecencias de altos cargos para explicar los principales números del proyecto.
Las comparecencias de altos cargos tendrán lugar en dos semanas, entre el lunes 17 y el viernes 21 de octubre. Tras escucharles, ese mismo viernes los grupos deberán decidir si presentan o no enmienda de totalidad a las nuevas cuentas para defender ante el Pleno del Congreso la devolución del Presupuesto.
Estas enmiendas se debatirán la siguiente semana, el miércoles 26 y el jueves 27 de octubre. El miércoles, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, defenderá ante el Pleno de la Cámara el proyecto de Presupuestos, iniciando un debate con los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad.
Todas estas enmiendas se votarán al concluir el debate en una sola votación, ya que todas ellas piden lo mismo: la devolución de los Presupuestos al Gobierno. Para superar la votación y que el proyecto continúe su tramitación, el Ejecutivo debe sumar más votos en contra que a favor.
COMISIÓN Y PLENO, TERCERA Y CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE
Si el Congreso rechaza las enmiendas a la totalidad, el proyecto pasará a la Comisión de Presupuestos, que empezará a discutir los primeros cambios a las cuentas a partir de las enmiendas parciales que presenten los grupos, para lo cual la Cámara ha previsto un plazo hasta el viernes 28 de octubre.
Estas enmiendas empezarán a discutirse primero en fase de ponencia (a puerta cerrada, la semana del 11 de noviembre) y después en Comisión, durante la semana del 14 de noviembre. En estas votaciones no sólo se votarán las enmiendas parciales, sino también las diferentes secciones de los Ministerios. Para completar con éxito su tramitación, el Presupuesto debe tener aprobadas todas sus secciones, ya que el fracaso de una de ellas implica el fracaso de todas las cuentas y la devolución del proyecto
De superar todas las votaciones, el proyecto llegaría al Pleno del Congreso, para debatirse entre los días 21 y 24 de noviembre. Allí cada ministro deberá defender las cuentas de su departamento y se votarán las enmiendas que sigan 'vivas' (las que hasta la fecha continúen en tramitación por no haber sido incluidas en el proyecto, no haber sido retiradas por los grupos ni vetadas por el Gobierno).
De superar todas las votaciones, el Congreso celebrará las últimas votaciones el 24 de noviembre para aprobar los Presupuestos Generales de 2023 y enviar las nuevas cuentas al Senado para completar allí su tramitación.
El nuevo Presupuesto únicamente volvería al Congreso si la Cámara Alta rechaza su tramitación en su debate de totalidad --para refrendar o revertir la devolución-- o si introduce algún cambio a través de enmiendas. Esa votación previsiblemente se celebraría en la última semana del año para que las cuentas estén definitivamente aprobadas para su entrada en vigor el 1 de enero.
LOS VETOS DEL GOBIERNO
Según la potestad que le confiere la Constitución, el Gobierno puede excluir de la tramitación parlamentaria cualquier iniciativa que suponga un aumento de gasto o una merma en los ingresos públicos.
Durante la última tramitación de Presupuestos, el Gobierno planteó el veto a más de un millar de enmiendas de la oposición, incluidas propuestas de sus propios socios, para después ir levantando vetos a enmiendas que PSOE y Unidas Podemos decidieron negociar.
En todo caso, los propios letrados de la Comisión de Presupuestos avisaron al Gobierno de que un 40% de las enmiendas vetadas no deberían haber sido excluidas, esgrimiendo que afectaban a otras administraciones distintas a la Administración General del Estado, o contenían compensaciones adicionales al mayor gasto previsto en las enmiendas.