MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El PP y Vox han registrado sendas propuestas en el Congreso para tumbar la Cuenta General del Estado de 2024, donde se detectó que el Gobierno utilizó cerca de 2.400 millones de euros de fondos europeos sobrantes para pagar pensiones, y para obligar al Tribunal de Cuentas a realizar un nuevo informe donde se censure la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Los dos partidos hacen esta petición en sus respectivas propuestas de resolución a la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2024 que deberá ser analizada en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en la que PP y Vox suman mayoría absoluta. El próximo martes, 16 de junio, ya hay convocada una reunión de la ponencia a puerta cerrada.
En el caso del partido de Santiago Abascal se pide devolver al Tribunal de Cuentas la declaración alegando varios motivos, como la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el uso de modificaciones presupuestarias por parte del Gobierno, los riesgos inherentes a dichas modificaciones, el deterioro de las cuentas públicas y el voto particular que un consejero del Tribunal de Cuentas presentó a la declaración.
Por parte de los de Alberto Núñez Feijóo, su propuesta también plantea la devolución de la declaración al Tribunal de Cuentas y que el organismos fiscalizador realice después en un plazo "improrrogable e inexcusable" de tres meses un informe que detalle las consecuencias que conllevan no tener Presupuestos actualizados.
UN DERRIBO HISTÓRICO
Si finalmente el Parlamento acaba derribando la Cuenta General del Estado, sería la primera vez en los últimos años. Hace sólo un año, el informe del Tribunal Cuentas fue aprobado por unanimidad en la institución y refrendado en las Cortes sin problemas.
El PSOE también ha registrado sus propuestas de resolución, pero en ninguna pide devolver la declaración al Tribunal de Cuentas ni censurar la falta de Presupuestos. Simplemente se limita a instar al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para subsanar las salvedades y deficiencias que hubiese detectado el órgano fiscalizador en la declaración.
Cuado presentó el informe el pasado martes, la presidenta del organismo, Enriqueta Chicano, aclaró que la denuncia del organismo no es porque los fondos europeos se destinaran a partidas que no le correspondían, sino que se recurriese a una modificación presupuestaria del servicio 50 de fondos europeos en un ejercicio prorrogado.
EL TRIBUNAL YA ESTUDIA LOS EFECTOS DE NO TENER PGE
Chicano también anunció la posibilidad de hacer un estudio "jurídico-técnico" sobre las consecuencias en la gestión presupuestaria de las prórrogas, habida cuenta que el país lleva desde 2023 con las cuentas públicas prorrogadas.
La actuación del Gobierno con los fondos europeos y el aviso del Tribunal de Cuentas provocó que la Declaración de la Cuenta General se aprobara con un voto particular discrepante de uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas. Hubo otros votos particulares de seis consejeros, pero en su caso concurrentes explicativos, es decir a favor pero con matices.
Respecto a este asunto, Chicano dijo que el voto en contra no era una circunstancia "inédita" y enfatizó que la existencia de un voto particular no altera la posición aprobada por el Pleno, que fue mayoritaria. La presidenta explicó también que la discrepancia del consejero que votó en contra se concentraba en el "tratamiento técnico de una modificación presupuestaria concreta".
Por último, la presidenta del Tribunal criticó la instrumentalización política del asunto, lamentando que se había producido un impacto reputacional por un mero "encuadre político" y se había producido una "distorsión" en la percepción pública y en el debate mediático que dejaba una "mala visión de España que se ha dado desde España".