El Consejo General de Economistas (CGE), que ha celebrado hoy la primera sesión de los Encuentros sobre sostenibilidad, ha alertado sobre el movimiento de greenwashing o 'ecopostureo' que se está extendiendo entre las empresas. Los economistas consideran que “todo proyecto e inversión sostenible debe cumplir unos estándares”, y que si no lo hace solo contribuye a confundir a los consumidores mediante falsas prácticas medioambientales e inhabilita a las entidades que lo practican para acceder a los fondos Next Generation.
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Es por esto que el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas ha decidido realizar el trabajo Visión general de la taxonomía en relación a la información no financiera y/o en materia de sostenibilidad, que ayudará a definir una metodología para analizar qué proyectos pueden considerarse sostenibles de acuerdo a la normativa actual.
El Reglamento de Taxonomía de la Unión Europea se basa en seis objetivos medioambientales. Estos son la mitigación del cambio climático, la adaptación al mismo, la sostenibilidad y protección del agua y otros recursos marinos, la transición a una economía circular, el control y la prevención de la contaminación y la protección y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad. En cualquier caso, la Taxonomía no es un rating de empresas ni establece requisitos obligatorios de comportamiento medioambiental.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha denunciado que la cantidad de empresas sostenibles "es absolutamente desproporcionado e irreal", ya que solo un 14% de las compañías españolas cuentan "con una estrategia de finanzas o inversión sostenible". Pich opina que se está utilizando la sostenibilidad como una estrategia de marketing "sin que detrás haya ningún contenido real es una práctica ciertamente poco ética".
El presidente ha considerado que, para evitar estos fraudes, los proyectos sostenibles deben estandarizarse y clasificarse según una normativa, lo que permitirá distinguir a "aquellos que solo aparentan".
Por su parte, la vicepresidenta de Economistas Contables (EC), Esther Ortiz, ha señalado que este análisis "constituye el primero realizado en España con un análisis adicional real como método del caso”, que además pretende otorgar "información proporcional al tamaño, a los hechos y a la materialidad" para clarificar qué proyectos son realmente sostenibles.
Además, durante el Consejo se ha abordado un coloquio en el que han colaborado las investigadoras Beatriz Aibar, Isabel García y la propia Esther Ortiz, momento en el que se han tratado cuestiones sobre el Reglamento de Taxonomía, el grado de afectación de la pymes por estas medidas, los efectos del estudio en la elaboración de un Estado de Información No Financiera (EiNF) y cuestiones sobre el plan Next Generation.
Con respecto al Reglamento de Taxonomía, Beatriz Aibar ha recordado que este "se considera la columna vertebral del paquete de finanzas verdes de la Unión Europea", y que debe reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles. Para lograrlo, desarrolla "un sistema de clasificación de las actividades económicas de forma que las empresas, los inversores y los responsables políticos puedan identificar" mediante criterios cuantificables las actividades económicas consideradas 'verdes'. En definitiva, la Taxonomía debe ser el "punto de referencia para planear su transición verde y obtener fondos para financiar esta transición”.
Por otro lado, Isabel García ha decidido abordar el asunto de las pymes, que, según su criterio, no se verían especialmente afectadas. La investigadora opina que "el alcance de la Taxonomía afectaría principalmente a las grandes empresas", y recuerda que las empresas de cualquier tamaño pueden "obtener beneficios al utilizar la Taxonomía de la Unión Europea" para explicar si llevan a cabo actividades ecológicas.
Con respecto a los proyectos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan Next Generation, Esther Ortiz ha destacado que el estudio contiene "una taxonomía de dichos proyectos", pero como método de caso. Es por esto que incluye todas las características de cada actuación, la cantidad de ASG asignable a cada medida, y los principios aplicables. Ortiz ha considerado el estudio "muy útil a la hora de saber dónde ubicar la información referida a cada proyecto a efectos de elaboración de un Estado de Información No-Financiera (EINF)", así como una metodología a seguir "para otros casos o realidades que se quieran abordar".
Por último, ha tomado la palabra Beatriz Aibar para responder a las cuestiones sobre las actuaciones ministeriales con respecto al plan Next Generation. En este punto, ha recordado que, por el momento, "la Comisión Europea se ha centrado en objetivos medioambientales", y busca que las actividades sostenibles cumplan "unas salvaguardias mínimas". En el caso de España, por ejemplo, cualquier actuación que se realice bajo el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no debe "causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el Reglamento de Taxonomía".
