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Bonificación del 100% en la Comunidad de Madrid y Andalucía y del 50% en Galicia, mientras que otras regiones están estudiando medidas. El impuesto sobre el patrimonio ha centrado el debate económico en las últimas semanas, con sus defensores y sus detractores. ¿En qué afecta al ciudadano?

Como explica desde la Agencia Tributaria, el Impuesto sobre el Patrimonio grava el patrimonio neto de las personas físicas, es decir, el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que es titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que su titular deba responder.

Se trata de un impuesto cuyo rendimiento está cedido en su totalidad a las CCAA y, como consecuencia de la cesión, pueden asumir competencias normativas sobre el mínimo exento, tipo de gravamen y deducciones y bonificaciones de la cuota.

Con datos de Hacienda referidos a 2022, la cifra de recaudación se eleva a 120 millones de euros y el número de contribuyentes afectados a 20.661 personas. Además, se trata de un impuesto que representa una parte ínfima de los ingresos de las CCAA de régimen común. En 2019, mediante este tributo se recaudaron 1.355 millones de euros, es decir, apenas un 0,9% de lo que recaudan las CCAA.

En la práctica, es un impuesto reservado a grandes fortunas, ya que la legislación establece una exención con carácter general de 700.000 euros. Además, la vivienda habitual está excluida del cálculo del impuesto -hasta un máximo de 300.000 euros–, así como los bienes que sean patrimonio nacional o de interés cultural. Existe una excepción a esta regla general, ya que también estarán obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio aquellos contribuyentes cuyo patrimonio bruto (es decir, sin tener en cuenta las deudas ni la vivienda habitual) supere los 2 millones de euros, explican en BBVA.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, rechazan la supresión del impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía, ya que causará una pérdida de 93,3 millones en las arcas públicas. "Los 18.997 andaluces que más tienen, únicamente el 0,35% de todos los que obtienen rentas, declararon en IRPF ingresos medios de 138.495 euros anuales y contaban con un Patrimonio medio de 2,7 millones y pagando 5.561 euros de media por este patrimonio", dicen.

Recuerdan que el FMI se ha pronunciado en tres ocasiones recientes a favor de una mayor contribución de quienes más tienen y ganan. Así, tras la crisis de la pandemia, propuso que "los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables", que tendrían que contribuir a pagar servicios críticos como las redes de salud y protección social en una crisis que afectó de manera más intensa a los segmentos más pobres de la sociedad.

El pasado año, recomendó a las autoridades considerar una contribución temporal para la recuperación poscovid aplicada sobre las rentas altas y la riqueza. Y al principio de este verano, el FMI publicó unas recomendaciones de política fiscal para hacer frente a los efectos de la inflación en los ciudadanos, entre las que se encontraban evitar las bajadas de impuestos y optar por las ayudas concretas a los grupos más vulnerables.

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