• CCOO denuncia este miércoles un intento de crear alarma social para evitar su aprobación
  • Las cifras sobre el coste de la Prestación de Ingresos Mínimos presentadas por el sindicato y Hacienda difieren en al menos 7.000 millones

Hacienda y los sindicatos protagonizan otro choque, algo que viene siendo habitual en los últimos años por la negociación de las subidas salariales de los funcionarios. En esta ocasión, el encontronazo tiene que ver con la sostenibilidad de la renta mínima.

La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados debatió este martes sobre la propuesta de una Prestación de Ingresos Mínimos. Se trata de una iniciativa legislativa popular (ILP) que admitieron a trámite PSOE, Podemos, PDeCAT y Compromís, y que el Gobierno quiere limitar. La proposición inicial contempla una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para familias sin recursos.

Mientras los sindicatos mayoritarios abogan por su sostenibilidad, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, habló de que la medida “acabaría con la Hacienda pública y con nuestra economía”. Nadal citó cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que cifran en 15.300 millones de euros el coste.

Según las estimaciones del Ministerio de Cristóbal Montoro, el gasto en prestaciones sociales no contributivas aumentaría desde los 9.000 millones actuales hasta una horquilla de entre 20.000 millones y 30.000 millones de euros. Así, Nadal dice que se debería elevar el IRPF en un 20% y en tres puntos porcentuales todos los tramos del IVA.

DECLARACIONES "ALARMISTAS"

Este análisis ha llevado a una respuesta posterior muy dura por parte de CCOO, que estima que con los datos de 2015, el coste habría sido de 8.409 millones, muy por debajo de los números que maneja Hacienda. El sindicato asegura que las declaraciones del secretario de Estado fueron “alarmistas” con “el objetivo de generar de forma injustificada una situación de alarma social para intentar evitar la aprobación de la medida”, añade Carlos Bravo, secretario de políticas públicas y protección social de CCOO.

El informe de CCOO sostiene que parte de las prestaciones se recuperarían con ingresos extra por parte del IVA, al incentivar el consumo. “Esta medida supondría proteger hasta 1,9 millones de desempleados que actualmente no tienen ninguna prestación y están en situación de necesidad personal y en su unidad familiar”, asegura el sindicato. Y recuerda que el coste actual sería menor que con estos datos de 2015, igual que habría sido mayor, unos 10.200 millones de euros, en 2012, en pleno epicentro de la crisis.

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