La investigación que analiza 611 casos de seis países en la región documenta las violaciones de derechos humanos que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes en "la ruta de la criminalización", que suele comenzar dentro de los sistemas de salud y se extiende a los sistemas de justicia que no ofrecen las garantías mínimas, profundizando desigualdades y amplificando el estigma social.
América Latina y el Caribe, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La criminalización del aborto en América Latina y el Caribe está generando violaciones a los derechos humanos, con un impacto preocupante en los sistemas de salud que son con frecuencia la puerta de entrada a la persecución penal contra mujeres, niñas y adolescentes, señala la iniciativa regional Salud Sin Miedos al presentar el informe Por una Salud Sin Miedos.
El informe analiza 611 casos de criminalización del aborto ocurridos entre 2012 y 2023 en Brasil, Chile, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay, dentro de un universo de 10.848 mujeres, niñas y adolescentes criminalizadas en esos países. A través de una metodología comparada y estandarizada --sin precedentes en América Latina y el Caribe--, el estudio introduce el concepto de la "ruta de la criminalización del aborto" para mostrar cómo mujeres, niñas y adolescentes pasan de buscar atención médica a enfrentar investigaciones y procesos penales.
"Este informe demuestra que la criminalización del aborto es una práctica estatal que pone vidas en riesgo, destruye la confianza en los sistemas de salud y castiga a las mujeres que no cumplen con los estereotipos tradicionales sobre la maternidad y reproducción. Claramente no es un debate abstracto sobre legislación penal, promueve la violación de derechos humanos y afecta negativamente la vida de las mujeres, niñas y adolescentes," señaló Ximena Casas Isaza, abogada experta en derechos sexuales y reproductivos y coordinadora de la iniciativa Salud Sin Miedos.
Los principales hallazgos fueron:
1. Los hospitales como puerta de entrada a la crim inalización
En más de la mitad de los casos donde pudo identificarse el origen de la denuncia, ésta provino de personal sanitario cuando acudieron a hospitales buscando atención médica.
2. Procesos judiciales sin garantías
El informe evidencia violaciones preocupantes al debido proceso en los 611 casos analizados. Muchas mujeres, adolescentes y niñas no tuvieron acceso oportuno a representación legal, fueron interrogadas sin defensa presente y enfrentaron procesos basados en pruebas obtenidas mediante violaciones a la confidencialidad médica, lo que también vulnera la garantía contra la autoincriminación.
"La judicialización de mujeres por aborto no ocurre en el vacío: es el resultado de procesos marcados por violaciones a las garantías mínimas, en los que la posibilidad de recibir una condena arbitraria es una amenaza latente" señaló Selene Soto Rodríguez, asesora legal senior de Ríos.
3. Una política discriminatoria que profundiza desigualdades
El informe concluye que la criminalización del aborto opera como una política discriminatoria porque se basa en estereotipos de género. En expedientes judiciales revisados, las mujeres fueron descritas como "frías", "calculadoras" o incluso "asesinas", reforzando estereotipos vinculados a roles tradicionales de maternidad y cuidado.
4. Transparencia estatal y falta de acceso a la información
La investigación también reveló problemas de transparencia estatal y acceso a la información pública. De 314 solicitudes de acceso a la información enviadas a 154 entidades estatales en los seis países analizados, el informe identificó ausencia de datos desagregados y actualizados, inconsistencias entre cifras oficiales y omisiones sobre el perfil de las personas criminalizadas.
La falta de registros oficiales adecuados dificulta poder dimensionar el impacto real de la criminalización, y limita la capacidad de documentar las violaciones de derechos humanos en estos contextos.
Un llamado urgente a cambiar el paradigma punitivo: una ruta posible hacia una salud sin miedos.
Salud Sin Miedos hace un llamado a los Estados de América Latina y el Caribe a abandonar el enfoque punitivo sobre el aborto y adoptar políticas basadas en salud pública, evidencia científica y derechos humanos.
El informe propone una hoja de ruta que incluye:
- Eliminar o reducir el uso del derecho penal en materia de aborto.
- Garantizar la confidencialidad médica y eliminar obligaciones de denuncia del personal sanitario.
- Asegurar defensa adecuada y debido proceso en los casos relacionados con aborto.
- Tomar medidas para eliminar los estereotipos de género en los sistemas de justicia
- Prevenir y sancionar la violencia obstétrica e institucional.
- Adoptar políticas con perspectiva de género e interseccional.
- Fortalecer la producción de información pública y desagregada sobre estos casos.
Acerca del informe
Por una Salud Sin Miedos fue desarrollado en el marco de Salud Sin Miedos, una iniciativa regional co-liderada por la experta Ximena Casas Isaza y Ríos, una organización que trabaja por la justicia social a través del uso estratégico del derecho. La iniciativa regional busca transformar el abordaje jurídico del aborto mediante la generación de evidencia empírica sobre los impactos de la criminalización en los derechos humanos. El informe fue realizado en articulación con organizaciones aliadas de seis países: Anis (Brasil), Corporación Miles (Chile), Crisálidas (Guatemala), Proyecta Igualdad (Perú), CLADEM (República Dominicana) y Mujer y Salud en Uruguay - MYSU (Uruguay).
Por Una Salud Sin Miedos está disponible en: Informes - Salud Sin Miedos
Salud Sin Miedos / Health Without Fears / Saudé Sim Medos: [email protected] / IG @saludsinmiedos
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3004403/Portada_informe_regional_SSM.jpg
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FUENTE Salud Sin Miedos
