- Se abren diligencias también contra Irene Rigau, Ramon Espadaler, a instancias de UPyD
- Joana Ortega, también investigada por petición de PxC
La implicación del Govern de la Generalitat en el proceso participativo celebrado en Cataluña el 9 de noviembre, está siendo investigada por la Fiscalía General del Estado. Durante la jornada de votación, el ministerio de lo Público ha anunciado que continuará recabando datos a la luz de las denuncias existentes para valorar la existencia de responsabilidades penales.
Se refiere la Fiscalía a una querella que interpuso UPyD, pidiendo la retirada inmediata de las urnas y que se produjera la detención del president de la Generalitat, Artur Mas, a la consellera de Ensenyament, Irene Rigau y a otros implicados.
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En la querella, -también contra Rigau y Ramon Espadaler, responsable de Interior- se acusa al president de la Generalitat, Artur Mas, por desobediencia, prevaricación, sedición, omisión de perseguir delitos y malversación de fondos públicos por celebrar la consulta a pesar de su suspensión.
SIN RETIRADA DE URNAS PERO CON DILIGENCIAS
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona rechazó la petición de paralizar las votaciones del 9-N por considerarlo una medida “desproporcionada”, pero admitió a trámite la querella. Considera el juez que la votación del 9-N podría acarrear delitos de "desobediencia a la autoridad judicial por parte de funcionario administrativo, prevaricación y malversación de caudales públicos".
De esos delitos, en opinión del magistrado, serían responsables "las autoridades que actuaran contraviniendo lo dispuesto por la resolución del Tribunal Constitucional" y extenderse "al resto de personas que tienen la condición de funcionarios públicos en cuanto a las actuaciones que fueran contrarias a lo dispuesto" por el TC.
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JOANA ORTEGA, TAMBIÉN INVESTIGADA
El mismo juez ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por la formación Plataforma X Catalunya contra la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, por comparecer públicamente para informar de los datos de participación del 9N.
La denuncia de PXC, presentada en la tarde del domingo en los juzgados, pedía al juez que ordenara a los Mossos d'Esquadra conmina a Ortega a desistir de comparecer para informar de la jornada de participación del 9-N y solicitaba que, en caso de que esta se negara a hacerlo, fuera detenida.
Por otra parte, la Fiscalía abrió ayer diligencias para determinar si la cesión de locales públicos para la celebración del proceso participativo era constitutiva de delito y un concejal del PP de Esplugues del Llobregat (Barcelona), también se querelló contra el 9-N.
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