Puigdemont contra todos (otra vez): dura lucha por la investidura en plena constitución del Parlament

Los republicanos no lo tienen claro. La oposición de los letrados del Parlament a cualquiera de las dos fórmulas propuestas por Junts per Catalunya es total y coinciden de manera unánime en que la investidura del nuevo presidente de la Generalitat debe ser "presencial y personal", considerando pues que el reglamento de la Cámara no sustentaría que fuera a distancia o mediante la representación de un tercero.

La literalidad del reglamento del Parlament no prohíbe de forma explícita una investidura por videoconferencia, pero está pensado para que la sesión de investidura sea presencial

Los juristas han mantenido diversas reuniones en las que parecen haberse puesto de acuerdo en esta interpretación de un reglamento cuya “literalidad no prohíbe de forma explícita una investidura por videoconferencia”, explica Jordi Pacheco i Canals decano del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (Colpis). Sin embargo, reconoce que “está pensado para que la sesión de investidura sea presencial”, aunque insiste que en otras circunstancias “se podría dar por parte de los letrados una interpretación más flexible, pero el momento no lo permite”.

A punto de emitir un informe, requerido por varios grupos parlamentarios, entre ellos el PSC, el pleno de la Cámara da por hecho que el dictamen será contrario a que Puigdemont pueda ser investido si permanece en Bruselas. Un informe jurídico encargado por el Gobierno avala esta imposibilidad y recalca que la investidura es un acto de carácter "indelegable" y ha de realizarse de forma "presencial". De hecho, avisa que una investidura telemática plantearía "un primer problema en el momento de la toma de posesión del cargo" y más adelante la "dificultad" de presidir reuniones de gobierno o la firma de acuerdos y disposiciones generales.

En el citado informe estatal el Ejecutivo hace alusión a diferentes normativas e incluso una sentencia del Tribunal Constitucional para concluir que el propio sistema parlamentario "exige un debate presencial, en el que el propio candidato tiene el deber de asistir físicamente".

Los republicanos esperan la resolución de sus propios juristas. Y aunque de cara a la galería cierran filas con Puigdemont y aseguran que “cumplirán con la decisión de los catalanes en las urnas y reinstaurarán el Govern” cesado tras la aplicación del 155, salieron a matizar de forma inmediata el pacto alcanzado con la candidatura de Puigdemont. Si bien se acordó un Mesa con mayoría independentista y un futuro Govern repartido al 50% entre ambas formaciones, el apoyo a Puigdemont se dejó en el aire y han señalado que “nadie es imprescindible”.

No son los únicos en el bloque soberanista con dudas. La CUP, en unas declaraciones que recuerdan al episodio de hace dos años cuando se opusieron a la investidura del expresident Artur Mas, rechaza que Puigdemont sea el único candidato posible y lo tacha de “irresponsable”.

No obstante, Pacheco i Canals ve poco viable que retiren su apoyo Puigdemont y se repita de nuevo la historia. “Es muy peliagudo para estas fuerzas no ir hasta el final con el candidato de Junts per Catalunya porque moralmente sus votantes no lo entenderían”, opina. “Otra cosa es que la logística no lo permita”, redondea.

¿INVESTIDURA INCONSTITUCIONAL?

Desde la oposición, PSC y Ciudadanos han avisado que se opondrán a que el 31 de enero, fecha límite para el primer intento de la sesión de investidura, esta se haga de forma telemática. El líder de los Socialistas catalanes, Miquel Iceta y el de la formación naranja, Albert Rivera, han advertido de que no dudarán en presentar un recurso de inconstitucionalidad si Junts per Cataluña se sale con la suya. Desde el Gobierno, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo ha asegurado que no vacilarán en recurrir la investidura.

Para el decano del Colpis, no obstante, el problema legal al que se enfrenta la investidura no tiene que ver con la Constitución. De hecho, explica, el artículo 23 de la Carta Magna defiende el derecho de participación política como un derecho fundamental de los ciudadanos, por lo que puede interpretarse que “impedir o alterar que el candidato Puigdemont sea investido atenta contra el derecho de representación de los ciudadanos que lo han votado”, aclara.

Por el contrario, la Mesa del Parlament, que será quien tenga la última palabra sobre la aplicación del reglamento y debe dar luz verde a las propuestas de Junts per Catalunya, puede enfrentarse al derecho penal. “Si su interpretación del reglamento es contraria a las recomendaciones de los juristas podrían incurrir en un delito de prevaricación y la Fiscalía podría actuar”, comenta Pacheco i Canals.

El problema legal al que se enfrenta la investidura no tiene que ver con la Constitución, podría ser un delito de prevaricación

LA PRESIDENCIA DE LA MESA DEL PARLAMENT

El peso recaerá, como en la anterior legislatura, en el presidente del máximo órgano de la Cámara. Autodescartada la diputada de ERC Carmen Forcadell, quien anunció esta semana que no pensaba repetir en el cargo porque se debía buscar una figura libre de procesos judiciales, suena en las quinielas Ernest Maragall.

En el ya citado acuerdo que alcanzaron la número dos de los republicanos y Puigdemont en un encuentro en Bruselas, se repartieron la formación de la Mesa: dos miembros serán de JuntsXCat, dos de ERC, dos para Ciudadanos y uno para el PSC. No obstante, a escasos días de la sesión de constitución, los independentistas no tienen asegurados el número de diputados necesarios para materializar este acuerdo. Ocho están en la cárcel o en Bélgica y no está claro que puedan estar en la Cámara ese día. Aunque el magistrado del Tribunal Supremo ha permitido a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez delegar su voto, aún no está claro qué pasará con los otros cinco.

Sin embargo, el acuerdo parlamentario necesario para que haya otra mayoría parece poco probable después de la negativa de Catalunya Sí Que Es Pot a apoyar al candidato de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra. Pero la aritmética parlamentaria permite una carambola: que un candidato de los comunes se haga con la presidencia del Parlament. Un hipotético acuerdo entre Ciudadanos, el PP y el PSC lo propiciaría.

El reglamento del Parlament estipula el sistema de elección del presidente de la Mesa: los diputados del hemiciclo escriben el nombre de su elegido en una papeleta y gana el que obtiene la mayoría absoluta de 68 diputados.

En caso de que nadie lo consiga, como sucedería en este supuesto, se emite un segundo voto, en el que se impone el candidato que logre más sufragios. Así, los diputados del bloque constitucionalista podrían apoyar al candidato de los 'comuns' a través de sus papeletas, con lo que conseguirían superar el número de votos independentistas y situarlo como presidente. Joan Josep Nuet, el candidato de los comunes es una figura de suficiente consenso como para lograr este imposible.

La duda se despejará el 17 de enero a partir de las 11:00 horas de la mañana. Diez días hábiles después, se procederá a la sesión de investidura.