- Antes de la votación ilegalizada por el Tribunal Constitucional ya registró la sede de la empresa en Terrassa
- En la operación hay al menos un detenido, Pablo Raventós, director general de Unipost
La Guardia Civil está desarrollando, desde primera hora de la mañana de este jueves, un dispositivo policial en las oficinas de la empresa Unipost de L'Hospitalet del Llobregat. Los agentes buscan datos sobre gastos relacionados con el referéndum unilateral del 1 de octubre.
Según informa 'El Mundo', la operación, con apoyo del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, se centra en localizar los pagos que se hicieron para el envío de las cartas con el censo electoral. La elaboración del censo electoral y el coste total de la organización del referéndum son dos de las incógnitas en las que todavía trabajan los investigadores. En la operación hay al menos un detenido, Pablo Raventós, director general de Unipost.
El Instituto Armado ya registró las oficinas de la empresa de correos, en Terrassa, antes de la votación declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Después de haber investigado imprentas y medios de comunicación y de haberse incautado un millón y medio de carteles, folletos y panfletos de propaganda, la Guardia Civil ya se personó el 19 de septiembre en la sede de Unipost en busca de materiales sobre la votación a punto para ser enviados. Durante otro registro de las oficinas del Vallés dieron con los materiales del censo y composición de las mesas.
En total, se incautaron de más de 45.000 certificados de notificación cerrados, dispuestos por ciudades y poblaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para su remisión a ciudadanos en el proceso de montaje del referéndum ilegal. En aquel momento se consideró que correspondía al 80% de la composición de las mesas electorales.
El Juzgado 13 de Barcelona investiga desde hace meses los preparativos del 1-O y las estructuras de Estado que idearon los miembros del Govern de Carles Puigdemont para alcanzar la independencia.
El pasado 5 de diciembre, ordenó a la Policía Nacional que se personara en la sede del Instituto de Estadística (Idescat) para recabar datos sobre el censo, después de que varios ciudadanos denunciaran el supuesto uso fraudulento de datos personales para su elaboración.
