El juez que investiga a Rodrigo Rato por fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares ha impuesto medidas cautelares al exvicepresidente del Gobierno. En concreto, le ha retirado el pasaporte y le ha obligado a comparecer una vez al mes en su Juzgado, según recoge Efe, que cita fuentes jurídicas.
Rato está imputado en cinco delitos fiscales, otro de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares
Tras imponer el juez estas medidas, el que fuese ministro de Economía sólo podrá desplazarse por países de la Unión Europea.
Rato ha comparecido este martes ante el juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, durante más de dos horas como imputado en cinco delitos fiscales, otro de blanqueo de capitales y uno adicional de corrupción entre particulares por la investigación judicial abierta sobre su patrimonio y el entramado societario que controla.
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El exdirector gerente del FMI ha llegado a pie, a primera hora de la mañana, a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. Ha llegado horas antes de su cita con el magistrado para evitar a los periodistas, a diferencia de lo que hizo en su primera citación del pasado mes de julio, cuando entró por el garaje.
A las puertas del tribunal le esperaban una veintena de preferentistas que gritaban eslóganes como 'Rato, ratero, igual que tu padre, igual que tu abuelo', mientras mostraban pancartas en las que se podía leer 'Blesa y Rato a prisión' o 'Han saqueado este país'.
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SE NEGÓ A DECLARAR LA PRIMERA VEZ
El expresidente de Bankia fue citado por el mismo juez el pasado julio, pero en aquel momento se acogió a su derecho a no declarar ya que, según dijo, desconocía muchas de las acusaciones derivadas de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Antifraude (Onif) y la Fiscalía.
El pasado mes de julio el expresidente de Bankia se acogió a su derecho a no declarar
No obstante desde esa primera citación se han conocido nuevas sospechas de la Onif sobre el exministro de Economía, que creen que pudo blanquear dinero en el extranjero. Además, el caso ha salpicado a otras ocho personas, entre ellos algunas de la máxima confianza de Rato, como su secretaria personal, Teresa Arellano, y su gerente y presunto testaferro, Miguel Ángel Montero.
Ambos están imputados por los mismos delitos que el exvicepresidente, y también por corrupción entre particulares, y ya acudieron a los Juzgados de Plaza de Castilla el pasado viernes, después de haber sido detenidos por la Guardia Civil. Los agentes practicaron registros en sus domicilios para recabar documentación, y tras su detención, Rato también declaró el jueves pasado en la Comandancia de la Guardia Civil.
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EL SUPREMO DECIDIRÁ QUIÉN LLEVA EL CASO
El juez dictó un auto el pasado viernes en el que solicitaba al Tribunal Supremo que decida sobre la competencia de este caso, que en su opinión debería llevar la Audiencia Nacional. El magistrado ha tratado de inhibirse en varias ocasiones sin éxito, por lo que ha pedido formalmente que le digan si debe o no investigar lo sucedido.
Mientras tanto, sigue avanzando con las pesquisas y actualmente la investigación se encuentra dividida en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway, y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza.
Esta sociedad de escasa actividad, constituida en 2001, cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, según el juez. A partir de ese momento comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que procedían de transferencias de tres empresas: la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en las islas Bahamas.
El juez ha pedido al Supremo que decida sobre la competencia de este caso, que en su opinión debería llevar la Audiencia Nacional
La segunda línea de investigación trata de averiguar todo lo referente a dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato. Zenith y Publicis pagaron comisiones por importe de 800.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron a otra empresa relacionada con Rato y con su exmujer, Angeles Alarcó. Se trata de la compañía Bagerpleta, con sede en Alemania y propietaria de un hotel en Berlín.
Y precisamente Bagerpleta encabeza la tercera línea de investigación. El juez asegura que recibió el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios, pero también un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e "ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias".
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