- La insinuación de que Rajoy, si quisiese, podría pactar con los nacionalistas un proceso de ruptura carece simplemente de sentido
El presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Puigdemont y Junqueras, han publicado un artículo en la prensa de Madrid titulado “Que gane el diálogo, que las urnas decidan” en que ambos proponen la vía escocesa, es decir, que el Gobierno español pacte con el catalán un referéndum de autodeterminación en el que los ciudadanos de Cataluña pudieran responder a una pregunta análoga a la que ya se les propuso a los escoceses: “¿Debería Cataluña ser un país independiente?”.
Como todo el mundo sabe, los escoceses ya se pronunciaron con meridiana claridad a esta pregunta en septiembre de 2014, y el resultado fue completamente clarificador: el “no” a la secesión obtuvo el 55,3%
La invocación precisamente ahora de la ‘vía escocesa’ podría parecer una broma y es en todo caso una provocación irritante porque, como todo el mundo sabe, los escoceses ya se pronunciaron con meridiana claridad a esta pregunta en septiembre de 2014, y el resultado fue completamente clarificador: el “no” a la secesión obtuvo el 55,3% frente al 44,7% del “sí”. Algo más de dos millones de escoceses se negaron a dejar de pertenecer al Reino Unido frente a 1,6 millones partidarios de ella.
Aquel referéndum, que provocó en la sociedad escocesa la lógica conmoción -no se pone en cuestión el statu quo todos los días, ni se juega a menudo con el sentimiento de pertenencia-, parecía haber zanjado la pulsión independentista cuando quedó claro que no existía masa crítica para justificar la pretendida ruptura. Pero no ha sido así: para sorpresa de los observadores, el nacionalismo escocés, tan insaciable con todos los nacionalismos, ha anunciado sin el menor rubor que quiere ahora celebrar otro referéndum cuando ni siquiera se han cumplido dos años y medio del anterior.
El pretexto es que ha tenido lugar el ‘brexit’. Los escoceses no quieren salir de la Unión Europea (y así lo manifestaron en el referéndum correspondiente del pasado junio), una posibilidad que no ha surgido de repente en el Reino Unido sino que lleva décadas tramándose… hasta que el irresponsable Cameron, el mismo que negoció el referéndum escocés, lanzó a su país al despeñadero de la ruptura con Europa en unas condiciones propicias para los populistas que, con argumentos en gran medida mentirosos, explotaron la credulidad de los británicos hasta embarcarlos en la peor aventura de su historia. Pero esta es otra cuestión.
En otras palabras, lo que Puigdemont y Junqueras quieren no es un referéndum pactado sino la apertura de un proceso de desconexión, todo lo largo que sea preciso (ya se sabe que los nacionalistas piensan que los que no lo son carecen de discernimiento y se dejan engañar fácilmente): puesto que las sucesivas elecciones y las numerosas encuestas acreditan que por ahora no existe una mayoría independentista, se irían celebrando referéndums sucesivos hasta que, por agotamiento o por el surgimiento de alguna circunstancia favorable, se colmara la aspiración.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de Ottawa de agosto de 1998 sobre la secesión de Québec, que se tradujo tiempo después en la ulterior Ley de Claridad, establece, primero, que, "ni la Constitución ni el derecho internacional conceden (a Quebec) el derecho a una secesión unilateral". Y, segundo, que esa secesión se podría negociar siempre que "una clara mayoría del pueblo de Quebec así lo decidiera" y que esa decisión "respetara los derechos" del resto de los canadienses. Además, después de dos referendos, ambos fallidos para los independentistas, en 1980 y 1995, se marcan límites a la reiteración.
Cataluña tiene poco que ver con Escocia, y los regímenes jurídico-políticos respectivos son totalmente distintos. El Reino Unido no posee una Constitución escrita, por lo que un pacto como el que Cameron impulsó no es imaginable ni posible en España, que sí la tiene (es una Constitución abierta, como todas las democráticas, lo que significa que incluye os instrumentos para su reforma). Ni lo es tampoco en los Estados Unidos, ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania… La inane afirmación de que “no existe el derecho a no dialogar” que exhiben Puigdemont y Junqueras es tan demagógica como el resto del artículo en cuestión: es obvio que la negociación y el pacto, por sí solos, no pueden alterar el ordenamiento jurídico, que deberá evolucionar de acuerdo con las reglas constitucionales, con los procedimientos. La insinuación de que Rajoy, si quisiese, podría pactar con los nacionalistas un proceso de ruptura carece simplemente de sentido.
