¿"Sed de venganza" contra los catalanes? Cómo saber si España perjudica su economía

El 'president' hizo gala de este mensaje en la sesión del Parlament del 10 de octubre, cuando compareció ante los diputados catalanes para comentar los resultados del referéndum ilegal y sin garantías del 1 de octubre. Lo hizo al ironizar sobre el éxodo empresarial que ya había empezado: “No tiene efectos reales en nuestra economía, como sí los 16.000 millones de euros catalanes que son obligados a cambiar de sede social cada año”.

La Generalitat ha publicado estimaciones de las balanzas fiscales de Cataluña con el resto de España desde 1986 hasta el año 2012, último ejercicio para el que ha calculado -o al menos, publicado- este saldo. La metodología usada ha sido el flujo monetario, que se basa en la contabilización de los ingresos y gastos en un territorio. La otra forma más común, y que usa el Ministerio de Hacienda y Función Pública, es la de carga-beneficio, que trata de estimar el impacto en la economía y bienestar de los ciudadanos de un territorio por parte del Estado.

Así, la diferencia es que el concepto de carga-beneficio es más amplio y completo para el análisis, pero tiene un componente subjetivo en el estudio, ya que hay inversiones cuyo impacto es difícil cuantificar. Por ejemplo, una carretera que una dos territorios o la mejoría de un aeropuerto cercano. “Las cuentas territorializadas que difunde el Ministerio de Hacienda y Función Pública son el método correcto, sin que yo piense que las balanzas fiscales sirvan para mucho, ya que tienen más de arma arrojadiza que de grandes respuestas a problemas económicos”, opina Jorge Onrubia, profesor de la Universidad Complutense e investigador de Fedea, y uno de los expertos que ha participado en la elaboración de un informe para allanar el camino de la reforma de financiación autonómica, que el ministro Cristóbal Montoro quiere impulsar ya.

Generalitat: "El criterio del flujo monetario es más correcto para analizar la influencia del sector público sobre el crecimiento. El criterio de carga-beneficio es más adecuado para analizar redistribución y equidad"

Desde la Generalitat, reconocen que los dos enfoques son “válidos” pero a su juicio “explican efectos económicos diferentes”. De esta forma, prosigue, “el criterio del flujo monetario es más correcto para analizar la influencia que tiene la acción del sector público sobre el crecimiento económico en un territorio. En cambio, el criterio de incidencia carga-beneficio es más adecuado para analizar la acción del sector público en términos redistributivos y de equidad”, sostiene la Generalitat. Precisamente, ésta última parte de equidad y redistribución de la renta es la meta del desvío entre capacidad recaudatoria y recursos en el modelo de financiación autonómica.

DIFERENTES CIFRAS

En el caso de la Generalitat, a pesar de las palabras de Puigdemont, los últimos datos disponibles apuntan a saldos fiscales negativos en Cataluña que están lejos de los célebres 16.000 millones de euros. En 2012 fue de 14.623 millones de euros y en 2011 de 15.006 millones de euros. Para el cálculo carga-beneficio, que también recogen las cuentas del Govern aunque dejando claro que no es el más adecuado, las cifras son de 10.030 y 11.087 millones respectivamente.

Como se puede observar, estos números no alcanzan los 16.000 millones de euros. Con el dato más reciente (2012), utilizando la cifra que promociona la Generalitat, hay una diferencia de casi 1.400 millones de euros. La media de este agujero fiscal que critican algunos sectores catalanes es de 14.000 millones de euros entre los años 2000 y 2012. Los desvíos más importantes se produjeron entre 2008 y 2010, únicos años en los que se alcanzaron los 16.000 millones de euros. La cifra más alta fue de 17.200 millones de euros en 2009.

Un saldo relativo negativo quiere decir que la región paga más impuestos por habitante que la media o recibe menos gasto

Los números que maneja el Ministerio de Hacienda están sensiblemente alejados. Con el método carga-beneficio siguiendo la metodología desarrollada por los investigadores Ángel de la Fuente (Fedea y CSIC), Ramón Barberán (Universidad de Zaragoza) y Ezequiel Uriel (Universidad de Valencia), el déficit fiscal de Cataluña fue de 9.365 millones de euros en 2011 y de 8.578 millones en 2012. “Un saldo relativo negativo quiere decir que la región paga más impuestos por habitante que la media o recibe menos gasto”, señala el informe.

De esta forma, usando el método de carga-beneficio el desvío entre ambos cálculos es de 3.174 millones de euros. Pero si se compara esta vía de estimación del Ministerio con el flujo monetario de la Generalitat, entonces la brecha crece hasta los 11.686 millones de euros en dos años. En el caso del Ministerio que dirige Montoro, publicó por primera vez los saldos fiscales de las comunidades autónomas en 2011 y, a diferencia del Ejecutivo catalán, ha continuado haciéndolo para los ejercicios posteriores.

El déficit fiscal de Cataluña estimado por Hacienda se mantuvo en niveles similares en 2013, con 9.818 millones de euros, y en 2014, con 10.044 millones, el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. Para llegar a este dato, el Ministerio estimó 70.376 millones de euros de ingresos y 66.330 millones de gastos. Esto deja una diferencia de 4.046 millones que crece con la neutralización del déficit público de la administración central, una característica común en todos los cálculos. “En caso de que haya un déficit público, en el futuro habrá de producir un ajuste equivalente para equilibrar las cuentas reduciendo los gastos”, argumenta la Generalitat.

Lo anterior provoca que en los años en los que mayor fue el agujero presupuestario peores fueron los saldos autonómicos de las balanzas fiscales. Y son, además, los años que toma como referencia la Generalitat para denunciar agravios. En los últimos ejercicios el déficit se ha reducido, pero el Govern publicó en mayo de 2016 por última vez un informe de este tipo con los datos de 2012.

Por otro lado, los números de la Generalitat cuentan únicamente con las cifras que maneja y sin contabilizar el resultado de otras comunidades autónomas. De hecho, hay una que sale peor parada. Se trata de la Comunidad de Madrid, cuyo saldo fiscal fue negativo con un valor de 14.189 millones de euros sin contar con el déficit del conjunto de las administraciones. También lo fue en Baleares, con 657 millones. Al neutralizar el déficit, el número de comunidades autónomas en negativo pasa de tres a nueve: Madrid (16.369 millones de euros), la propia Cataluña (10.044 millones), País Vasco (3.474 millones), Baleares (736 millones), Aragón (731 millones), Navarra (587 millones), Asturias (167 millones), Cantabria (112 millones) y La Rioja (67 millones).

EL DÉFICIT PÚBLICO EMPEORA LOS SALDOS

El cambio de signo se produce de esta forma para seis regiones al tener en cuenta su futuro esfuerzo fiscal para cubrir el déficit actual, que se transforma en más deuda pública. Entre ellas están las dos que tienen régimen foral, País Vasco y Navarra. Hacienda también publica esta misma cuenta ajustada a la población, lo que deja un saldo per cápita negativo destacado de 2.540 euros por habitante en Madrid, de 1.587 euros en País Vasco y de 1.337 euros en Cataluña, mientras que en el resto no alcanza los 1.000 euros. En el terreno positivo sobresalen Ceuta y Melilla (2.549 euros por habitante), Canarias (2.207 euros) y Extremadura (1.948 euros).

El informe de cuentas territorializadas realiza otra estimación que tiene en cuenta las diferencias en el coste de los servicios públicos por las realidades demográfica y geográfica, así como la carga fiscal de una u otra región. Es lo que se conoce como financiación por habitante ajustada a igual esfuerzo fiscal. Se trata de un índice, según el cual si el resultado es mayor a 100 la comunidad sale beneficiada ya que tiene menos recursos que la media igualando todas las variables y si es inferior sale perjudicada. Cataluña está ligeramente por debajo, con 96,6, con una cifra similar a Madrid, que está en 97. Las peor paradas son la Comunidad Valenciana y Murcia, con 92,2 y 93,5 respectivamente. Y las más beneficiadas Ceuta y Melilla, con 217, y las comunidades forales, con 182 en Navarra y 228 en País Vasco.

La discusión sobre la desigualdad y la redistribución tiene sentido desde una perspectiva personal y no espacial

En general, arguye Jorge Onrubia, “la discusión sobre la desigualdad y la redistribución tiene sentido desde una perspectiva personal y no espacial”. Su argumento reside en que las comunidades que reciben un peor trato es simplemente porque tienen una renta per cápita mayor, igual que ocurriría con una persona que tiene ingresos superiores a otra, que puede pagar más impuestos y utilizar en menor medida los servicios públicos.

La excepción está en las regiones forales. “En España es difícil ​argumentar con generalidad sobre solidaridad regional cuando con el sistema foral​, a través de los cálculos ‘oscuros’ ​​del cupo vasco y la aportación navarra​, no solamente impide que esas dos comunidades financien suficientemente los servicios que en sus territorios presta el Estado, sino que además les exime de participar en la solidaridad interregional”, sostiene Onrubia. “Esa realidad incentiva​ que otras comunidades​, netamente aportantes al sistema,​ quieran lo mismo”, añade. En el caso de Cataluña, un concierto a la vasca, como solicitó Artur Mas en 2012 y rechazó Jordi Pujol décadas antes, tendría un sobrecoste para el resto de regiones de 16.000 millones de euros anuales si el cupo -pago por los servicios nacionales en la región- se calcula igual que con País Vasco, según estimaciones de Ángel de la Fuente.