- Las expulsiones se llevarán a cabo sin necesidad de una orden judicial
Los británicos que tengan una vivienda en alquiler deberán expulsar de esta a los inquilinos que no tengan permiso de residencia o lo tengan caducado, sin que sea necesaria una autorización judicial y bajo la amenaza de sanciones que incluyen hasta cinco años de cárcel.
El Gobierno de David Cameron ha anunciado esta medida este lunes, que será introducida en la nueva ley de inmigración, según informa El País. Así, el Ejecutivo responde con mano dura a la crisis migratoria en el Canal de la Mancha, que amenaza con desbordar a su administración.
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Las medidas contra la inmigración irregular anunciadas en mayo serán reforzadas con la introducción de sanciones a los propietarios que alquilen a inmigrantes sin papeles
“Las calles del Reino Unido no están pavimentadas de oro”, ha dicho la ministra británica del Interior, Theresa May, al presentar esta medida, que busca disuadir a los inmigrantes acampados en el puerto francés de Calais de entrar en el Reino Unido a través del Eurotúnel. Las medidas contra la inmigración irregular anunciadas por el Gobierno de Cameron en mayo serán reforzadas con la introducción de sanciones a los propietarios que alquilen viviendas a inmigrantes sin papeles.
Una vez aprobada la ley, que también convertirá en delito dar empleo a los inmigrantes en situación irregular, los caseros británicos deberán asegurarse de que los arrendatarios pueden demostrar su derecho de residencia. En caso de que pierdan este derecho, les caduque el visado o la petición de asilo les sea denegada, podrán ser expulsados, en algunos casos sin necesidad de autorización judicial.
El Ministerio del Interior comunicará a quienes alquilan pisos los nombres de aquellos inquilinos que no tienen derecho a permanecer en el país, pidiéndoles que los expulsen bajo amenaza de sanciones, que abarcan desde una multa hasta cinco años de cárcel.
RIESGO DE SITUACIONES VIOLENTAS
National Landlords Association, la asociación que agrupa a los caseros que alquilan inmuebles, ha advertido de que la aplicación de la nueva ley podría conducir a “situaciones violentas”. “Un inmigrante ilegal es una persona desesperada en una situación desesperada, y eso conduce a la gente a acciones también desesperadas. Afrontamos el riesgo de que intente atrincherarse por todos los medios, incluido el uso de la fuerza”, señala en una entrevista radiofónica el director ejecutivo de ese organismo, Richard Lambert.
La medida pretende combatir a los caseros que se enriquecen con la inmigración ilegal y explotan a gente vulnerable
El ministro de Comunidades, Greg Clark, ha respondido que la medida pretende “combatir a los caseros que se enriquecen con la inmigración ilegal, explotan a gente vulnerable y socavan nuestro sistema de inmigración”.
Tras la nueva ley de inmigración se encuentra la intención del Gobierno conservador de proyectar una imagen de firmeza ante las críticas recibidas por su gestión de la crisis de Calais. Incapaces de hacer frente a las peticiones de asilo que llegan cada día y desbordados por la falta de centros de acogida, los servicios sociales del condado de Kent, en el lado británico del túnel, están pagando a los taxistas para que lleven a los inmigrantes a Londres, según el Daily Telegraph.
Según Financial Times, la crisis migratoria inquieta también al mundo empresarial, que afronta un drástico aumento de los costes al verse forzadas las compañías a buscar rutas alternativas y mucho más caras para transportar sus productos al otro lado del Canal.
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